Los veterinarios interinos exigen a la Junta 1,5 M€ en indemnizaciones

A. Domingo | León

La sentencia del 14 de septiembre del Tribunal de Justicia Europeo —que reconoce los mismos derechos a un trabajador interino de la Administración que sustituya a otro fijo, desempeñando sus mismas funciones— ha motivado que los veterinarios interinos de la Comunidad autónoma reclamen a la Junta de Castilla y León indemnizaciones por el cese en sus empleos por importe de 1,5 millones de euros, de los que más de una tercera parte corresponden a profesionales que han prestado sus servicios en la provincia leonesa.

Según explicó ayer el presidente del Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal), Manuel Martínez, en la jornada de trabajo anual de esta organización, en el último concurso de traslados para veterinarios convocado por la Junta supuso el cambio de destino en Castilla y León de 106 interinos. A la luz de la sentencia del tribunal europeo, los servicios jurídicos de Uscal «han planteado una reclamación administrativa a la que se han sumado el 60% de los interinos desplazados, que supone en su conjunto 1,5 millones de euros, —a unos 27.000 euros por reclamante—, de los cuales más de 500.000 corresponden a veterinarios de la provincia de León».

Según Martínez, se prevé que las reclamaciones finalicen en un recurso judicial, «ya que requieren de la modificación de la normativa del Estadio», señaló Martínez. En cualquier caso, la organización «llevará estas reclamaciones hasta sus últimas consecuencias».

El Sindicato de Veterinarios de León también exige el desarrollo de las demarcaciones sanitarias, «donde se desarrollan las labores de inspección y control oficial incluidas en todas las prestaciones de salud y que debería haberse puesto en marcha 18 meses después de la aprobación de la Ley de Sanidad Pública y Seguridad Alimentaria, de 8 de octubre de 2010 y, por tanto, acumulan un retraso de más de tres años». Sivele explicó que la normativa supone reducir las 27 demarcaciones veterinarias actuales en ocho demarcaciones sanitarias «en los que se englobarían los equipos de salud pública veterinarios y farmacéuticos, a los que se sumarán otros de salud».

El desarrollo de la ley evitaría, en opinión del sindicato, «puestos de trabajo absolutamente desubicados», así como otros, «innumerables», en comisión de servicios y «otras condiciones que no son las naturales».

Sivele-Uscal tratará de recuperar ahora los derechos que han perdido los veterinarios al servicio de Administración autonómica durante los años de crisis económica, tanto en remuneración como en poder adquisitivo. Además, exigirá que la reciente reorganización de los servicios de la Junta de Castilla y León llegue también a las delegaciones territoriales