SUCESOS
Tres personas investigadas por vertido y muerte de 570 peces en el río Tuerto
Los investigados son el responsable de una empresa de Astorga y dos de sus técnicos de mantenimiento
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León ha investigado a los tres responsables de una empresa de Astorga que realizaba vertidos a las aguas del río Tuerto y que el pasado 14 de junio provocó la muerte de aproximadamente 400 truchas y 170 gobios.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, los investigados son el responsable de la empresa y dos de sus técnicos de mantenimiento.
Dichas fuentes han explicado, que el pasado 14 de junio se recibieron numerosas llamadas a la Guardia Civil comunicando que se se estaban observando gran cantidad de truchas muertas en el cauce del río Tuerto, a su paso por la localidad de Nistal, ubicada en el término municipal de San Justo de la Vega (León).
Inmediatamente se trasladaron al lugar efectivos del Seprona junto con personal de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y agentes medioambientales.
Tras la inspección de un tramo de la vía fluvial se detectó la presencia de varios ejemplares de truchas muertas, tanto en superficie como varadas en el fondo del lecho del río, constatando dicha mortandad.
Tras realizar esta primera inspección se tomaron muestras de las aguas y de las especies afectadas del río Tuerto.
En la interpretación de los resultados de los análisis realizados se determinó la existencia de un vertido de fangos activos.
Asimismo, los informes concluían que los perjuicios ocasionados al ecosistema fluvial, eran evidentes puesto que se había producido un daño importante, materializado en la gran cantidad de fauna afectada.
De las necropsias realizadas a los peces muertos se observó como causa predominante de la muerte la anoxia, la falta casi total de oxigeno disminuyendo o alterando la hemoglobina e impidiendo así la fijación de oxigeno en cantidad suficiente para la vida.
Ante estos resultados, el pasado 31 de julio el Seprona procedió a tomar declaración en calidad de investigados, por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al responsable de la empresa referida, y al personal de mantenimiento de dicha empresa.
El artículo 325 del Código Penal establece que este tipo de delitos será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.
Las diligencias instruidas, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Astorga.