Un jurado popular juzgará a Ovidio Benéitez por presunta malversación

El exalcalde de Cabrillanes, Ovidio Benéitez Álvarez —que gobernó el municipio babiano en el mandato 2003-2007—, comparecerá en el Tribunal del Jurado por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. En concreto, el Juzgado número 1 de Villablino, considera que no quedó debidamente justificado en las cuentas del Ayuntamiento el pago que efectuó en 2006 la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) de 36.000 euros, en concepto de licencias municipales por el cielo abierto de Nueva Julia.

El auto por el que la juez instructora acuerda transformar las diligencia previas en procedimiento ante el Tribunal del Jurado —la malversación es uno de los delitos reservados al jurado popular— fue ratificado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial este mes de septiembre y recoge la versión de Benéitez de que el dinero se empleó en la construcción de muros de escollera y hormigón en la calle La Rodera, de la pedanía de Piedrafita de Babia. El Ayuntamiento de Cabrillanes ejerce la acusación particular.

La representación judicial del que alcanzó la alcaldía gracias a un pacto entre su formación política, IU, con el PSOE, UPL e IR recurrió el auto del Juzgado de Villablino, sobre el que finalmente se pronunció la Audiencia Provincial de León. La defensa solicitaba el sobreseimiento y libre archivo de las actuaciones, al entender que no existió el delito.

Facturas infladas

Pero la Audiencia no atiende la petición, pues existen «sólidos indicios» de que Benéitez «percibió efectivamente» la cantidad aludida, sin que existan «conexión alguna con las obras de la calle La Rodera», como sostiene el exalcalde. El auto de la Sección Tercera añade que no se ha determinado la existencia de un proyecto o expediente administrativo sobre estas obras, «cuyo valor facturado ha sido exagerado [...], lo que completa la delineación de un círculo de indicios de responsabilidad criminal, que respalda la decisión de la instructora.

Benéitez recibió como alcalde los 36.000 euros de la MSP e «impidió que esa suma llegase a su destino propio, que era el erario municipal», añade el auto de la Audiencia frente al recurso de la defensa, que analiza «en profundidad cada uno de los indicios de criminalidad», refutación «más propia de un recurso de apelación contra una sentencia definitiva» que del momento procesal del caso.

Sin control municipal

La Audiencia abunda en que las obras de la calle La Rodera «no fueron ordenadas por la autoridad municipal competente, ni se autorizaron pagos» por su ejecución. Tampoco pasaron «el control del Ayuntamiento». De todo esto se deduce que la secretaría-intervención municipal no tuvo conocimiento del pago de la MSP, de las obras que se ejecutaron, ni de las facturas, que se consideran hinchadas, y pagos correspondientes a estas.

Por último, la Sala rechaza la pretensión de la defensa de practicar nuevas diligencias judiciales, por corresponder «a otro trámite» y constituir una injerencia en la atribuciones de la juez instructora.