PROVINCIA ■ programa de desarrollo rural
La Junta reparte 10 millones entre 19 entidades para asesorar al área rural
Los adjudicatarios prestarán sus servicios a explotaciones agrarias, forestales y pymes.
A. DOmingo | Redacción
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León adjudicará a 19 entidades el asesoramiento a explotaciones agrarias, forestales y pymes del medio rural de toda la Comunidad autónoma, que supondrá un desembolso de 10 millones de euros en los próximos dos años. El importe se establece en función de un precio unitario por servicio que no podrá superar los 375 euros, excluido el IVA. La mesa de contratación redactó su propuesta de adjudicación el 15 de diciembre y tan sólo falta la publicación de la resolución del concurso. Las entidades adjudicatarias firmarán un contrato prorrogable por otros dos años.
Entre los adjudicatarios se encuentran organizaciones profesionales agrarias —que han tenido que constituirse en unión temporal de empresas para optar a la convocatoria—, cooperativas agrícolas, consultoras de ingeniería, cooperativas de crédito, fundaciones,asociaciones y sociedades mercantiles. Tan sólo se rechazaron dos ofertas de las presentadas, una por no alcanzar la puntuación suficiente y otra por incurrir en baja temeraria sin justificación.
La información
El servicio de asesoramiento que ofrecerán estas entidades se contempla en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León para el periodo 2014-2020. Son agricultores y ganaderos los que más asesoramiento recibirán, ya que abarca desde las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a la modernización de explotaciones, gestión de plagas, uso eficaz y sostenible del agua, acceso a la actividad agropecuaria por primera vez, requisitos para uso de abonos y fitosanitarios y cuestiones que afectan a la mujer que desarrolla una actividad agraria, entre otros asuntos.
El uso del agua y la gestión económica y ambiental serán objeto de asesoramiento en explotaciones forestales y a las pymes se les informará sobre temas relacionados con la actividad económica y ambiental de la empresa.
Las condiciones del servicio fijan al menos dos salidas a las explotaciones o pequeñas y medianas empresas que soliciten el servicio, además de la atención telefónica y telemática precisa —los adjudicatarios dispondrán de una web informativa con las distintas formas de prestación del asesoramiento, horarios y sistemas de acceso—, de forma que cada técnico realice un máximo de 100 actuaciones en los dos años.
De cada usuario se elaborará un diagnóstico de la situación de partida y otro, con carácter anual, con las actuaciones realizadas. Además, al finalizar el servicio contestará a una encuesta de satisfacción.
La solución de los sindicatos
Las organizaciones agrarias han precisado recurrir a la figura de la unión temporal de empresas con el fin de optar a un servicio de asesoramiento al que hasta ahora no se accedía por concurso y que los sindicatos del campo realizaban en cada provincia de forma autónoma, según explicó ayer el secretario general de Asaja, José Antonio Turrado.
«Las organizaciones provinciales por sí mismas no reunían todos los requisitos necesarios en todas las provincias», explicó Turrado, por lo que se recurrió a una fórmula «contemplada por la ley para la ejecución de una actividad mercantil». Indicó que no ha sido necesario que las organizaciones agrarias se convirtieran en sociedades mercantiles para constituir las UTE, con independencia de que en algunas provincias exista una empresa adscrita al sindicato.
De todos los licitadores presentados al concurso, la UTE Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (UPA) fue la que mayor puntuación obtuvo, con cerca de 50 puntos más que el licitador que obtuvo una evaluación más baja.