Piden que no se suspenda para Alonso la pena de cárcel por arruinar Chaves

La Fiscalía Provincial de Huesca, El Gobierno de Aragón y la representación legal de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) se han opuesto a la solicitud del empresario minero leonés Victorino Alonso de que se suspenda la pena de año y seis meses de prisión que se le impuso tras ser declarado culpable de la ruina del yacimiento del Neolítico de la cueva de Chávez, en la provincia de Huesca, que se convirtió en un refugio y lugar para alimentar especies cinegéticas en el coto de caza de Bastarás, propiedad de la empresa, Fimbas, que controlaba el empresario.

La petición de suspender la ejecución de la sentencia se produce a raíz de que Fimbas interpusiera un incidente de nulidad de las actuaciones ante la Audiencia de Huesca y, subsidiariamente, ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía señala en su escrito al juzgado que este trámite no deja en suspenso la ejecución de la sentencia y añade que se opone «en el presente momento procesal» a suspender la pena de prisión «por cuanto no se ha satisfecho la responsabilidad civil, requisito previsto en el artículo 80 del Código Penal».

Por su parte, el letrado del Gobierno de Aragón señala que con la reforma del Código Penal de 2015 «ya no basta con la declaración de insolvencia» para optar a la suspensión de la pena de cárcel. Recuerda que el condenado no ha realizado «ninguna actuación» que ponga de manifiesto su intención de satisfacer la indemnización que se le impuso y solicita que se investigue la situación patrimonial del empresario, «más allá de la apariencia declarada a efectos fiscales, puesto que existe previa condena de defraudación tributaria». Por otra parte, el embargo sobre su pensión se realizó «en una cuantía mínima» por tratarse de una medida cautelar, por lo que solicita que se ajuste la cantidad embargada.

El Gobierno de Aragón acepta la propuesta de Fimbas para entregar la finca de Bastarás, que albergaba el coto de caza, «como pago parcial» de la indemnización y solicita su inscripción en el Registro de la Propiedad. Valorada en 12.665.639,02 euros, quedaría pendiente de pago «el resto de la indemnización hasta los 25.490.000 euros» impuestos por el tribunal. Pese a esto, señala que la mercantil, propiedad de Alonso, no ha puesto de manifiesto «una intención activa» de cumplir la obligación de indemnizar. El letrado de la Administración aragonesa pide además que se investigue el patrimonio de la mercantil, que podría tener bienes en otras comunidades autónomas.