El Estado paga 6,6 M€ del Miner y admite otros 13,7 de los 55 que adelantó la Junta

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ha abonado hasta el momento 6,6 millones de euros correspondientes a 13 convenios de los planes del carbón ejecutados y pagados por la Junta de Castilla y León, y correspondientes a los planes del carbón de los períodos 1998-2005 y 2006-2012. Además están pendientes de liquidación otros 11 convenios para los que se ha propuesto el pago por parte del instituto, por valor de 13,7 millones de euros. En total la Junta adelantó casi 55 millones de euros para ejecutar estos proyectos, que luego reclamó al organismo dependiente del Gobierno. Sin embargo, en noviembre del año pasado el Instituto del Carbón decretó la pérdida del derecho a cobro de varios de estos convenios (correspondientes a 74 infraestructuras y obras realizadas sobre todo en León, y algunas en Palencia). La Consejería de Economía y Hacienda ordenó, tras intercambiar varios recursos, llevar a instancias judiciales las diferencias entre las dos administraciones.

Sin embargo, según han desvelado las sentencias de la Audiencia Nacional, los letrados de la Junta decidieron finalmente no ultimar las demandas de varios de estos convenios, por lo que han sido archivados judicialmente y finalmente serán los fondos de la Administración autonómica, y no del Gobierno central, los que se hagan cargo del pago.

De momento la Audiencia Nacional ha archivado las denuncias correspondientes a cuatro de estos convenios demandados, correspondientes a las obras de la adquisición de terrenos para la edificación de casas de protección oficial en Pernía (Palencia; la pavimentación y urbanización del municipio de Folgoso de la Ribera; la ampliación en su segunda fase del polígono industrial de Cistierna y la recuperación urbana del barrio de Fuello, en Tremor de Arriba. Aunque desde la Junta no se aclara cuántos convenios incluidos en la lista de 74 pendientes de pago han sido finalmente denegados por el Instituto del Carbón, cuántos se han recurrido ante la Audiencia Nacional y sobre cuántos los servicios jurídicos de la Junta han decidido no seguir adelante con el procedimiento de reclamación.

La decisión de iniciar la litigiosidad directamente ante la Audiencia Nacional se tomó tras dictaminar el Instituto del Carbón la pérdida de derecho a cobro sobre varios convenios el 24 de noviembre de 2017. Los responsables legales del Gobierno central se acogieron a los matices entre subvención y convenio, para argumentar la realización o el término de varias de las obras ejecutadas fuera de los plazos contemplados inicialmente.

Desde la Junta se ha mantenido en todo momento que la renovación de los convenios caducados y la ejecución de las obras y su pago y certificación de ejecución se han mantenido siempre dentro de los criterios de flexibilidad que se amparan en la confianza legítima entre las administraciones; y se recuerda también que parte del retraso en las tramitaciones se produjo a partir de 2011, cuando el Instituto del Carbón dejó de convocar en los períodos establecidos las Comisiones de Cooperación en las que el Gobierno central y las autonomías gestionaban las obras pendientes de ejecución y los términos de los convenios que se acogían a la financiación establecida en los sucesivos planes del carbón. Buena parte de los cuales no se ha invertido finalmente en las cuencas mineras, pese a estar incluidos en los planes de reconversión.

El adelanto de las cantidades necesarias para llevar a cabo las infraestructuras en las cuencas mineras respondía a un acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad que, al menos teóricamente, se movía con criterios de flexibilidad para agilizar la ejecución y poner en marcha las infraestructuras destinadas a la reindustrialización de las comarcas. El año pasado el instituto optó por apostillar falta de ejecución y justificación de las actuaciones para denegar los pagos.