La Junta lanza la nueva normativa para reforzar las DO y las IGP en el mercado
Los productos agroalimentarios tendrán además protección europea a nivel internacional .
m. carnero | león
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha sacado a información pública el proyecto de reglamento de las denominaciones geográficas de calidad de Castilla y León que ha recibido la aprobación de la Comisión Europea, lo que supone que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que amparan algunos de los productos agroalimentarios con mayor estatus de calidad diferenciada en nuestra Comunidad tengan también la protección europea a nivel internacional.
Con este aval comunitario, el proyecto de reglamento desarrolla la Ley Agraria detallando con todas las garantías los distintos hitos de la trayectoria de una DOP o IGP desde que es solicitada por los productores hasta los supuestos de su extinción. Se incorpora como novedad respecto a la regulación actual un tratamiento administrativo más simplificado en lo que respecta al reconocimiento de una DOP o IGP y se acortan los plazos para la tramitación. También se incluyen varias novedades importantes en el inicio de la andadura de la DOP o IGP vínicas; por un lado, se regula el uso de los términos «vino de pueblo» o «vino de paraje» en el etiquetado, y por otro, se reorientan los requisitos exigidos a los vinos de pago. Por lo que se refiere a la gestión de la DOP o IGP, ya no será obligatorio que exista un órgano de gestión como hasta ahora. Además, para que el operador pueda comenzar su actividad económica bastará con una comunicación sin que sea necesario esperar a la inscripción en el registro para comercializar su producto.
Más garantías de calidad
Desde el punto de vista de garantías al consumidor, las DOP y las IGP estarán sometidas a rigurosos controles de calidad. El reglamento dedica una parte importante de su articulado a establecer las diversas modalidades en las que se manifiesta dicho control. En primer término, el control oficial, que realizará el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y que se podrá extender a los establecimientos minoristas y otros puntos de venta. Este control oficial se complementa con la habilitación de personal técnico de los consejos reguladores en tareas de control y con la posible delegación de tareas de control en entidades certificadas.
Hay que destacar también el apoyo que se prestará a los operadores que trabajan amparados por la calidad diferenciada con la puesta en funcionamiento de la base de datos prevista en el reglamento. Será gestionada por el Itacyl y aportará transparencia, oportunidades de negocio y una información precisa y accesible para los consumidores.
El nuevo proyecto de reglamento entra ahora en su fase de participación ciudadana. A través del portal del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, la ciudadanía en general y —de forma particular— todas las asociaciones y entidades interesadas podrán hacer sus aportaciones y propuestas al texto que tras los trámites procedimentales propios será aprobado por la Junta de Castilla y León.