La Iglesia hace presidente de la Comisión contra la pederastia al obispo que protegió al abusador de La Bañeza

La Iglesia católica española acaba de nombrar al obispo de Astorga,, Juan Antonio Menéndez , presidente de la comisión que elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos, según ha informado hoy la Conferencia Episcopal.

Las críticas de las víctimas no se han hecho esperar. Javier, que fue víctima de los abusos sexuales por parte de José Manuel Ramos Gordón en el seminario de La Bañeza, califica de "preocupante y decepcionante" el nombramiento. "Le condenó a un año, le permitió recibir homenajes, que oficiara misas", denuncia. Javier añade que Juan Antonio Menéndez hizo " todo lo posible " para evitar condenar al cura pederasta y recuerda además que el obispo de Astorga "buscó todas las vueltas para no reparar a las víctimas cuando el Derecho Canónico dice que hay que hacerlo. Es devastador y abominable". 

El pasado mes de septiembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe condenaba a diez años de privación del ministerio sacerdotal, en los que tendrá que residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga al sacerdote leonés José Ramos Gordón, después de que se declararan probados los abusos sexuales que denunció el 21 de febrero de 2017 un exalumno del Colegio Diocesano Juan XXIII, de Puebla de Sanabria. La sentencia añadía que el penado podrá regresar a la diócesis pasado el tiempo fijado, para residir en la casa sacerdotal.

En los mismos términos se ha expresado Emiliano Álvarez , víctima también de los pederastas de la Iglesia y cuya sentencia está a punto de conocerse. "Me parece una total vergüenza por su parte y una falta de coherencia. "¿Ponen al mando de la Comisión contra la pederastia a la persona que encubre a Ramos Gordón y al vicario de Ponferrada ( Javier Redondo )? Pues es abominable y una aberración", expresa y asegura que refleja la falta de ganas de la Iglesia de acabar con la lacra de la pederastia. "Además, supone echar más leña al fuego del sufrimiento de las víctimas", lamenta. Emilio Álvarez asegura que el obispo es "una de las peores personas que conoce". "Es un sinvergüenza", asegura. Por último, sostiene que la única persona capaz de "lidiar" con lo que ocurre en Astorga es el anterior vicario judicial, Julio Alonso.  

Más implicados

Hay que recordar que, según las propias víctimas denuncian, la jerarquía eclesial sólo reaccionó cuando no tuvo más remedio. De hecho, el primer castigo que se impuso al pederasta Ramos Gordón se zanjó con la privación del oficio de párroco durante un año, y durante todos los años anteriores, permitió que se convirtiera en un cura homenajeado y respetado. Para ello, se le otorgó el cargo de delegado del Patrimonio de la Diócesis de Astorga. Y eso, a pesar de que lleva una vida de abusos a sus espaldas. De hecho, del centro Juan XXIII de Puebla de Sanabria tuvo que irse por las denuncias de los escolares.

A pesar de su edad, las víctimas denunciaron, y lo hicieron ante quienes pensaron que les protegerían: los reverendos Gregorio, Javier Redondo, Santiago Cadierno, Prudencio, el vicario y el Obispo, Antonio Briva. Ninguno de ellos cumplió con su deber de auxilio y protección; ninguno de ellos acudió a las autoridades a denunciar. Más bien, fue al contrario. Al dejar el seminario menor, Javier y su hermano sufrieron la ira de los curas que no les perdonaban haberse saltado la ley del silencio. El sadismo, las vejaciones y lo castigos físicos sustituyeron los abusos de Ramos Gordón. «El actual obispo, Juan Antonio Menéndez, defiende a Javier Redondo, antiguo formador del seminario, diciendo que en el momento en el que tuvo conocimiento de lo ocurrido, hizo lo que tenía que hacer, avisando al vicario y al obispo que dirigían la Diócesis y que hoy han muerto. En vez de hacer lo que debían, le permitieron continuar un año más donde sé de primera mano que hubo más víctimas y al año siguiente lo desterraron a Tábara para seguir poniendo más niños en riesgo», dice Javier.

De hecho, es preciso subrayar que, lejos de castigar los pecados de todos los implicados por acción u omisión en este caso, la Iglesia premió a los participantes. Francisco Javier Redondo es hoy vicario de Pastoral Social y Julián Barrio rector del seminario de Astorga, es arzobispo de Santiago de Compostela.

La Comisión

La comisión trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal para la prevención y protección de abusos sexuales a menores, que sustituirá a los protocolos actuales y se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores, para responder a los abusos en la Iglesia. Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano con el fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual.

En el ámbito de la creación de esta nueva comisión, los obispos se comprometen a seleccionar y formar "cuidadosamente" a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a "responder a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia". Asimismo, aseguran que supervisarán y remitirán "a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable". También señalan que procurarán ofrecer un ministerio "apropiado" de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso.

Igualmente, asumen el compromiso de "cuidar y educar con respeto" y de "proteger a todos los menores y adultos vulnerables", creando "comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".

Reunión con el Papa en febrero

La creación de este órgano viene motivada por la convocatoria realizada por el Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo para hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.

Con tal motivo, el Comité Ejecutivo, en su reunión de este mismo mes, aprobó la creación de la citada comisión para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, en este encuentro.

La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico. Estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de la Conferencia Española de Religiosos (Confer); y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

Hasta este momento, la Conferencia Episcopal Española contaba desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico, sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos. Según indica la Conferencia Episcopal, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.