La Junta deberá tutelar las cuentas de 34 municipios por incumplimiento financiero

Catorce municipios de León no han cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria que se rige según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y otros 25 han incumplido la regla de gasto, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda sobre la liquidación presupuestaria de 2017. La información recabada por el ministerio muestra además que cinco ayuntamientos de la provincia han infringido ambos cumplimientos. En este último caso se encuentran las cuentas presentadas por las corporaciones municipales Bercianos del Páramo, Santovenia de la Valdoncina, Sena de Luna, Villamejil y Villarejo de Órbigo.

Todos ellos están obligados a elaborar un plan económico-financiero en el que se reflejen las causas del incumplimiento. También deberán acreditar la tendencia en las previsiones de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos, y la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, así las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán estas medidas.

Otro de los aspectos que deberán recoger los planes son las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones y un «análisis de sensibilidad» considerando escenarios económicos alternativos.

Una vez aprobado los planes por cada ayuntamiento incumplidor —un trámite que deberá tener el visto bueno del Pleno—, los documentos deberán ser refrendados por la Junta de Castilla y León, que debe ejercer la tutela financiera de estas corporaciones y que es la responsable de la aprobación y el seguimiento del plan económico-financiero. Toda la información recabada por la administración autonómica deberá ser remitida también al Ministerio de Hacienda.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se refiere a que los ayuntamientos gastan más de lo que ingresan, generando más déficit en las arcas municipales. Se trata de un caso más ‘grave’ que el incumplimiento de la regla de gasto.

Esta situación se refiere a que los municipios no deben gastar más de lo que se gastaron en el ejercicio anterior, con un incremento porcentual que fija el Gobierno central. En este supuesto caen, generalmente, los ayuntamientos que tienen superávit en sus cuentas, aunque no solo ellos. Suavizar la regla de gasto es una de las cuestiones que pretende abordar el Ejecutivo, para que las condiciones de gasto que ahora se les imponen a los ayuntamientos con las cuentas saneadas no sean tan restrictivas. Se trata de una norma heredada de la era Montoro, diseñada para fomentar el ahorro en las entidades locales y evitar el despilfarro.