LA GESTIÓN DEL PARQUE
El Prug blinda 7,2 hectáreas leonesas de Picos de Europa y restringe el uso en 7.729
El documento, desde ayer en información pública, abre la mano a los usos y costumbres en Valdeón y Sajambre.
El Parque Nacional de Picos de Europa ya cuenta con una zonificación específica y con criterios de gestión y planificación adecuados a su nivel de protección. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa que queda sometido desde ayer a información pública durante dos meses.
Han hecho falta 15 años para que las tres comunidades implicadas en la gestión del parque —Castilla y León, Asturias y Cantabria—, alcancen un consenso en la elaboración de este instrumento imprescindible para garantizar la conservación de este espacio protegido, después de que en 2005 el plan fuera anulado por el Tribunal Supremo por no contemplar un plan de inversiones que lo complementara.
Aparte de establecer los usos y actividades compatibles y suprimir las incompatibles con el parque nacional —cabe recordar que aunque se prohíbe la caza los municipios leoneses cuentan con una moratoria hasta diciembre de 2020—, el plan incluye una propuesta de zonificación que determina la intensidad de uso a realizar en cada una, y las actividades autorizadas en función de las características ecológicas, estado de conservación y asentamientos tradicionales.
De las 67.455 hectáreas que cuenta el parque nacional, 24.719 corresponden a la vertiente leonesa, 27.027 a la asturiana y 15.381 a la cántabra.
Las zonas calificadas como reservas, el máximo grado de protección, estarán cerradas a los visitantes salvo permisos especiales con fines científicos, de gestión, de salvamento, policía o vigilancia ambiental. En esa categoría se situarán 7,2 hectáreas en León, que corresponden a tres neveros glaciares de alto valor ambiental situadas en Peña Santa de Castilla —a 2.261 metros de altitud—, Llambrión y La Palanca. En el caso de Asturias, la zona reservada afecta a 267 hectáreas, correspondientes a la ribera del Dobra y el Jou Negro, mientras que en Cantabria estas se reducen a 0,03 hectáreas.
La segunda categoría, denominada de uso restringido corresponde a áreas en las que estará prohibido el tránsito salvo excepciones reguladas por el Prug, afectará a veinte espacios en León, con una superficie ligeramente superior a las 16.000 hectáreas, a catorce espacios asturianos con 6.610 hectáreas y a nueve en Cantabria con 7.729 hectáreas.
Por su parte, las zonas de uso moderado, donde estará autorizado el recreo al aire libre, actividades interpretativas y se podrá acceder libremente a pie y en coche por pistas y carreteras, incluye 20.109 hectáreas de Asturias, 7.316 de Cantabria y todas las áreas de Valdeón y Sajambre, únicos municipios en los que el cien por cien de su superficie está dentro de los límites del parque nacional.
También se incluyen zonas de uso especial, zonas e infraestructuras necesarias para el funcionamiento del parque nacional, y áreas de tránsito de vehículos.
Por lo que se refiere las zonas de asentamientos tradicionales, se refiere al los núcleos de población y las áreas de población no dispersa, incluyendo sus zonas de servicios y las áreas de cultivo y praderías aledañas. En el caso de León incluye los pueblos de Oseja de Sajambre, Ribota, Soto de Sajambre, Vierdes, Pío, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Cordiñanes, Los Llanos, Prada, Caldevilla, Santa Marina de Valdeón y Caín.
El documento, que tiene una vigencia de diez años desde su aprobación, contempla un proyecto de inversión de veinte millones de euros entre las tres vertientes, encaminado a proyectos de investigación, estudios poblacionales, catálogos inventarios, señalizaciones, guías, formación e indemnizaciones.
En el plan también se recogen las directrices para la elaboración de los programas sectoriales destinados a proteger y conservar los valores naturales y culturales del parque y para lograr los objetivos en materia de conservación, uso público, desarrollo socioeconómico, investigación y educación ambiental, así como la estimación económica de las inversiones correspondientes.