Un mes con las escopetas en alto y 4,3 millones de euros en el aire en León

Fue el pasado 26 de febrero cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León suspendiera cautelarmente el decreto que regula la conservación de las especies

cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, atendiendo así a la demanda presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA). Pero la ‘puntilla’ a la actividad llegó cuando dos semanas más tarde, el mismo tribunal anuló de manera cautelar la orden anual de caza de Castilla y León, lo que impedía cualquier intento legal de abatir a ninguna de las 38 especies declaradas cinegéticas en Castilla y León.

Esta paralización de la actividad ha causado graves perjuicios económicos para las juntas vecinales propietarias de los derechos cinegéticos, ya que la caza representa para muchas de ellas su principal recurso económico. De hecho la delegación territorial de la Junta cuantificó en 4,3 millones de euros los ingresos directos que la caza deja en la provincia.

Los motivos esgrimidos por el partido animalista, y amparados por el TSJ, coinciden en señalar la falta de estudios científicos que garanticen que la caza es posible en atención a los niveles poblacionales, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies y, por lo tanto, que no se perjudica su estado de conservación.

Por este motivo, el auto llamaba la atención sobre la circunstancia de que, para que la actividad de caza siga siendo un elemento de desarrollo económico y social de la Comunidad de Castilla y León era necesario que se practique en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies que se cazan, y de ahí la importancia que la consideración de una especie como cinegética cuente con estudios objetivos y actualizados que así lo determinen.