La tragedia del Pozo Emilio cumple 7 años a la espera de juicio en abril

Tal día como hoy, 28 de octubre, hace exactamente siete años se produjo la ultima gran tragedia de la minería leonesa. Seis trabajadores de la Huella Vasco Leonesa perdieron la vida por una invasión masiva de grisú en el Pozo Emilio del Valle. Otros ocho resultaron heridos.

En el lugar donde ocurrió el accidente ya solo queda el castillete. La mina está inundándose progresivamente y una de las viudas, María Jesús Oliveira, falleció esperando el juicio, como si la tragedia se cerniera sobre la tragedia.

Siete largos años después, las familias se aferran «a que se haga justicia». El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha señalado la vista oral para el 5 de abril y durará hasta el 17 de mayo de 2021. Al fin hay una fecha y 16 personas se sentarán en el banquillo por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con homicidio imprudente.

El macrojuicio, tanto por la duración como por el volumen de acusados, testigos y peritos que comparecerán en sala, remomorará, paso a paso y desde diferentes ópticas, lo sucedido el 28 de octubre de octubre de 2013 en la séptima planta del Pozo Emilio del Valle. José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez y José Luis Arias ni siquiera tuvieron tiempo de accionar los autorrescatadores para escapar del grisú. Cayeron fulminados.

«Hemos conseguido sentarles en el banquillo y ahora vamos a esperar qué pasa. Por lo demás hemos caído en el olvido, como que no hubiera pasado nada. Cerró la mina y ya nadie se acuerda», lamenta Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, minero jubilado que desempeñó su vida laboral como vigilante. Moure perdió a un hijo y la confianza en una forma de vida, la mina a la que se entregó durante años. «Buscamos justicia, no venganza. Aunque ya es tarde, queremos saber que hubo culpables de una negligencia, que aquello no ocurrió sin más», añade José Manuel González, hermano de Orlando. Recientemente pasó por la zona y contempló los restos: «Sólo queda ya el castillete. Todo lo demás está derruido y las minas inundadas».

La petición del fiscal es de tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los 16 encausados por el accidente, que van desde el entonces presidente de la Vasco a los ingenieros y vigilantes. Les imputa seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave y otros seis de lesiones. El fiscal considera que «todos ellos incumplieron la obligación que legalmente les incumbía de facilitar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores».

Las acusaciones particulares elevan la pena máxima para este tipo de delitos, de hasta seis años y medio. El informe del Ministerio Público hace hincapié en que el accidente era «previsible y evitable», y se produjo «debido a que los trabajos de explotación del taller se estaban realizando por los mineros en condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad». Considera que el accidente «tuvo su origen en el incumplimiento por parte de los acusados de las normas de seguridad».

Las defensas de las personas encausadas piden la libre absolución. La Hullera Vasco Leonesa defiende que la actividad se desarrollaba con las medidas de seguridad aplicables y de acuerdo al proyecto de explotación aprobado. Para las defensas se trató de un accidente fruto de «un fenómeno imprevisible en su magnitud y consecuencias, consistente en una invasión masiva e intempestiva de gas grisú en los talleres». «Un hecho desgraciado que debe ser analizado en la vía civil o laboral», pero no por la penal como finalmente han conseguido las familias y el Ministerio Fiscal.

En los informes aportados en la fase de instrucción se apunta que desde 2009 existían sospechas sobre peligro de desprendimientos instantáneos en el macizo 7º. El taller presentaba un error topográfico y tenía «ventilación insuficiente e inadecuada». También se incide en que la normativa interna, de 25 años de antigüedad, no se había adaptado a los «importantes cambios organizativos que había experimentado la empresa», lo que se tradujo en una «gran desorganización» de las responsabilidades. Los informes periciales señalan que había indicios de riesgo por la alta concentración de metano en capa, además de un macizo de protección entre los pozos 7 y 9 que favorecía la existencia de sobretensiones.

En los días previos al accidente se habían sucedido los incidentes en el Pozo Emilio debido a la excesiva concentración de metano. Los avisos indicaban que se estaba desprendiendo mucho metano y que existía una bóveda, pero «no se tomaron las medidas suficientes», apuntan los informes periciales.