Arias Cañete denunció ayer en Bruselas que la nueva PAC significará el fin del cereal en España
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que con las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea «probablemente casi 1,5 millones de hectáreas de cereales podrían pasar a la retirada», lo que supondría la «pérdida de 1,73 millones de jornales». Así lo afirma un nuevo estudio sobre el impacto de la reforma agrícola en España que Arias Cañete presentará al comisario de Agricultura, Desarrollo rural y Pesca, Franz Fischler, en el marco del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE que se celebra hoy y mañana en Luxemburgo. El ministro precisó que este estudio abarca un noventa por ciento del territorio, siete comunidades autónomas y revela consecuencias «espectaculares». Desaparición del cultivo Además, avanzó que pedirá a la Comisión que haga su propio estudio de impacto antes de presentar las medidas definitivas, porque la reforma de la PAC «puede ser aceptable en las zonas más fértiles de la UE y con rendimientos históricos más altos», pero no «en zonas con rendimientos muy bajos» como el secano español, donde las propuestas «hacen más rentable el abandono que el cultivo». El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE discute hoy los futuros regímenes de ayudas a los frutos secos y el arroz, así como el sistema de cuotas lácteas, el desarrollo rural y las auditorías a las explotaciones, en el marco de los debates emprendidos sobre la propuesta de reforma agrícola. Al margen del Consejo, Arias Cañete prevé reunirse con su homólogo francés, Hervé Gaymard, para consensuar una posición frente a la reforma. Cuestionadas las auditorías Los Quince cuestionaron ayer los criterios propuestos por la Comisión Europea para introducir un sistema de auditorías a las empresas agrícolas, dentro de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La Comisión Europea quiere aplicar auditorías para las explotaciones que reciben más de 5.000 euros al año en pagos directos. Varios países, entre ellos España, Portugal y Austria, manifestaron que los criterios para implantar esa medida «son demasiado rígidos» y, especialmente, criticaron que se vean afectados los agricultores que obtienen a partir de 5.000 euros. España pidió que las auditorías se apliquen a las empresas agrícolas que reciben más de 10.000 euros en subvenciones directas, según fuentes comunitarias.