Las normas contra la exclusión financiera se aceleran y se tramitarán en otoño
El Gobierno regula la desbancarización del medio rural, que afecta a unos 76.000 leoneses
Un momento de la intervención de la vicepresidenta en la jornada de la Menéndez Pelayo. P. PUENTE HOYOS
Las medidas para evitar la exclusión financiera de las zonas rurales, las personas mayores y las que tienen discapacidad «se han acelerado desde la pandemia», con normas como el código de conducta de las entidades financieras para mejorar la protección de los servicios, las cuentas de pago básicas y la recientemente aprobada Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se enviará este otoño al Parlamento y el Gobierno confía en una «rápida tramitación» para reforzar con normas adicionales la seguridad de los ciudadanos. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Menéndez Pelayo.
En León, según el último informe del Banco de España, son más de 76.000 los ciudadanos que no tienen acceso a dinero en efectivo, en más de 140 municipios. Una cifra que se ha incrementado en los últimos meses con el continuado cierre de sucursales bancarias, que afecta especialmente a las zonas rurales.
La vicepresidenta destacó que desde la pandemia se han acelerado medidas que ya se habían venido tomando con anterioridad, con el objetivo de garantizar la inclusión financiera. «Estamos actuando además en los ámbitos regulatorios y de supervisión, con la Comisión Nacional de la Competencia y el Banco de España, en el desarrollo de medias adicionales para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros en todo el territorio español, y desde luego en las zonas rurales».
Nadia Calviño destacó que la autorregulación del sector y la colaboración público privada es imprescindible en este proceso. El Ministerio de Economía y las patronales bancarias (AEB y Ceca) han preparado un paquete de medidas al que se comprometen las entidades financieras para combatir la exclusión financiera en la España vaciada. El objetivo principal es llevar todos los servicios bancarios básicos, sobre todo la posibilidad de obtener dinero en efectivo, a toda la población que reside en los medios rurales y que no cuenta con oficina bancaria ni con otro tipo de sistema físico de acceso al sistema financiero.
La ministra destacó también que la figura de la autoridad de protección al cliente financiero y las medidas que se siguen tomando en este ámbito tienen como objetivo que «todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios financieros que son básicos y esenciales para el desarrollo de sus actividades económicas, pero también de su vida».