Astorga seguirá con la recaudación de la ORA en la ciudad sin cobertura legal
La abstención de toda la corporación prolonga la ilegalidad de la regulación del aparcamiento
La concesión del servicio de la ORA caducó en septiembre de 2021. SECUNDINO PÉREZ
Toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Astorga se ha abstenido esta mañana en el Pleno extraordinario en el que se ha debatido, a petición del PP, la situación irregular del servicio de regulación del aparcamiento de la ciudad, que se lleva prestando desde hace más de un año sin cobertura legal después de que el contrato con la empresa adjudicataria caducara el pasado mes de septiembre. De esta forma, el servicio seguirá prestándose hasta que se encuentre una solución.
Sobre la mesa han quedado los dos puntos del orden del día, la finalización de la prestación del servicio de la ORA y de la retirada de vehículos de la vía pública, por un lado, y, por otro, la suspensión de ambos servicios mientras se realizan los informes pertinentes para determinar la forma de explotación más ventajosa para el Ayuntamiento.
El Grupo Popular, promotor del Pleno, decidió abstenerse, según su portavoz, José Luis Nieto, a la espera de recabar nuevos informes municipales para determinar cuál es la mejor forma de solucionar la situación. Nieto reprochó la dejadez del equipo de gobierno, este y anterior, en esta cuestión y reprochó al anterior teniente de alcalde, José María Jáñez, de IU, que «haya cobrado dedicación exclusiva durante tres años sin dejar resuelto este problema». El edil animó al equipo de gobierno a «ponerse a trabajar» para solucionar un problema sobre el que, recordó, ya ha alertado el PP en cinco plenos.
Por su parte, el alcalde, el socialista Juan Juan Alonso Perandones, aseguró que en este asunto se encuentra «entre la espada y la pared» debido a que la supresión del servicio supondría la pérdida del puesto de trabajo para los cinco empleados del servicio, aunque aseveró que se trata de una cuestión que requiere una solución «urgente» y sobre la que no cabe el voto en contra por los «riesgos legales» que conlleva.