Piden a la Junta que aclare por qué no denunció el hallazgo del collar GPS de oso en Laciana

La plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica ha pedido a la Junta que aclare por qué eludió el protocolo y no denunció inmediatamente la aparición en agosto de un collar GPS con el que se había marcado un oso pardo, y ocultar así un posible delito contra una especie en peligro de extinción.

El pasado 8 de octubre la Junta de Castilla y León informó a través de un comunicado del hallazgo el 13 de agosto en el monte de El Villar de Santiago de un collar GPS, dañado en la zona que funciona como sistema de liberación, con el que se había marcado a un macho de oso pardo el 20 de julio

Casi un mes antes, El 5 de septiembre, miembros del Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo/Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Principado de Asturias) denunciaron el hecho ante la Guardia Civil, tras considerar la posibilidad de que dicha rotura se pudiera corresponder con un episodio de furtivismo. El 8 de octubre, la Junta informó de que el oso radiomarcado estaba en buen estado y que simplemente había perdido el collar, descartando un delito de furtivismo.

La Plataforma denuncia ahora que durante los 23 días transcurridos entre la recogida del collar —el 13 de agosto— y la denuncia ante la Guardia Civil por parte del grupo de investigación asociado al proyecto —el 5 de septiembre—, la Junta de Castilla y León no puso la situación en conocimiento del Seprona, a pesar de las evidencias de que se trataba de un delito.

Días después fue expulsado del proyecto el personal ajeno a la administración autonómica y fue abierto un expediente al grupo de investigación.

Se alegaba para ello incumplimientos de requisitos y condiciones técnicas y aludían a la divulgación tanto de localizaciones de los ejemplares marcados como a la denuncia de los hechos en redes sociales, lo que según la Junta podría haber puesto en riesgo la conservación de los ejemplares y comprometido la investigación sobre el posible episodio de furtivismo.La plataforma considera que la sucesión de hechos «evidencia que la Junta de Castilla y León ocultó la comisión de un posible delito contra una especie en peligro de extinción durante más de tres semanas, hasta que el equipo de investigación decide presentar denuncia».

Al respecto la plataforma señala que los protocolos habituales en caso de sospecha de un hecho delictivo contra la fauna salvaje, y en concreto contra especies protegidas, requieren la denuncia inmediata de los hechos ante las autoridades.