Absueltos los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de León en 2013
La jueza considera que el accidente fue imprevisible y que la Vasco aplicó todas las medidas de seguridad
La sentencia fue dada a conocer este martes, después de dos desde la celebración del juicio.
El Juzgado de lo Penal de León ha dictado sentencia absolutoria para los 16 acusados por el accidente minero ocurrido el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle, perteneciente a la empresa Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón, en el que murieron seis trabajadores y resultaron heridos varios más.
El fallo, de más de 500 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, absuelve a los directivos, ingenieros, vigilantes de seguridad y responsables de la compañía de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones, y también exonera de responsabilidad civil directa a las compañías aseguradoras y a la propia Hullera Vasco-Leonesa como responsable civil subsidiaria.
Entre los 16 imputados en este caso figuran el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle; los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad. Para cada uno de ellos el fiscal solicitó penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones por un importe global de unos dos millones, mientras las acusaciones particulares elevó sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel. Por su parte, los afectados reclamaron la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible.
El accidente se produjo alrededor de las 13.24 horas de aquel día, cuando una repentina y prolongada emisión de metano inundó el taller de la planta séptima Este de la mina. El gas desplazó el oxígeno del aire hasta niveles mínimos —en torno al 1 %—, lo que provocó la muerte inmediata por asfixia de los mineros José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, y causó lesiones a varios compañeros que intentaron rescatarlos.
El fallo atribuye el suceso a un fenómeno gaseodinámico, una expulsión repentina de gas —y posiblemente de carbón— desde el postaller de la planta 7ª Este, en la zona que contacta con el macizo virgen de protección entre los Macizos 7 y 9. La presión del metano fue tan elevada que abrió puertas metálicas en la galería transversal y anuló la ventilación durante al menos quince minutos. Los medidores de los equipos de rescate confirmaron una ausencia total de oxígeno en la zona en los minutos posteriores a la explosión de gas.
El tribunal descarta la hipótesis de un colapso de bóveda o derrumbe de carbón como causa directa, ya que las inspecciones posteriores mostraron que no existían signos de sobrepresión ni daños estructurales: la malla de sujeción estaba intacta, la entibación no mostraba desplazamientos y el carbón permanecía suelto, sin acumulaciones ni deformaciones.
La sentencia detalla que la empresa cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa minera y que incluso aplicaba criterios más restrictivos de lo requerido. Desde 2009, la zona del Macizo 7 había sido catalogada como sospechosa de desprendimientos instantáneos, lo que llevó a la compañía a reforzar los sistemas de ventilación, aumentar los controles de gas y reducir los valores de referencia de desorción a 1,5 —frente al 2,5 admitido como indicativo de riesgo— para activar medidas preventivas adicionales.
Asimismo, destaca que mantenía un estricto sistema de vigilancia ambiental, con mediciones continuas de grisú y planes de desgasificación, además de auditorías externas y revisiones. Los informes periciales y testificales acreditaron que la ventilación de la mina mantenía niveles de metano por debajo del 1,5 %, muy por debajo del límite legal del 2,5 %, y que las operaciones de disparo o sutiraje se realizaban sin personal, dejando tiempo para la ventilación completa.
Las familias recurrirán la sentencia
«La jueza tardó casi tres años en estudiarse 50.000 folios y, en una semana de incorporarse de la baja, da la sentencia», comenta sorprendido y convencido de que «tras manifestarse porque era una vergüenza llevar tanto tiempo esperando», la jueza dijo «toma y absolvió a los 16 acusados y porque no encontró responsabilidad en ninguno».
Tras 35 años de trabajo en la mina y haber perdido «cualquier tipo de fe en la justicia», Moure califica «de risa» la sentencia, porque, aunque en ningún momento pensara que los acusados fueran a ir a la cárcel, «por lo menos sí que esperaba que se demostrara que son culpables».
Por su experiencia en la minería, el padre de Moure cuenta que «todo el mundo sabía cómo estaba aquello», de forma que «todo habría sido tan sencillo como mandar salir a todo el mundo y que entrara la brigada», pero «ninguno de los 16 acusados fue capaz de eso y ahora una jueza dice que son inocentes». «Alguien tuvo que ser el culpable y todavía lo van a ser los seis por ir a trabajar, porque si se llegan a dar de baja, como había hecho el 90 por ciento de la plantilla, no habría pasado eso», apunta.
A sus 78 años y tras doce años «de pelea por la dignidad de un hijo», Moure se pregunta «cómo tiene que quedarse ahora tras el golpe que supone una sentencia emitida por una jueza a la que si el juicio, por su complejidad, le venía grande, debería haber renunciado».