Asaja pide a Bruselas que exija al Gobierno el actual censo del lobo
La organización apunta a un incremento de los daños al ganado.
La organización agraria Asaja ha reclamado a la Comisión Europea que exija al Gobierno de España el envío inmediato del censo actualizado del lobo ibérico, al considerar que la falta de datos oficiales y verificados está generando inseguridad jurídica y dificultando el cumplimiento del Derecho comunitario.
En una carta formal remitida a Bruselas, Asaja denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha trasladado todavía a las instituciones europeas la información actualizada sobre el estado de conservación de la especie, pese a que el plazo para remitir los datos de la Directiva Hábitats expiró el pasado 31 de diciembre. A juicio de la organización agraria, la «reiteración en la no remisión de datos» impide evaluar con rigor la situación real del lobo en España y condiciona la adopción de decisiones proporcionadas.
Asaja subraya que no pueden exigirse «nuevos sacrificios al sector ganadero» sin una base científica sólida y actualizada que permita equilibrar la conservación de la biodiversidad con la viabilidad económica de las explotaciones. En este contexto, la organización confía en que la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, aclare la posición de la Comisión durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados.
La organización agraria acompaña su denuncia con datos que reflejan, a su juicio, el impacto creciente del lobo sobre la ganadería extensiva. En el Principado de Asturias, los daños al ganado habrían aumentado un 20 % desde su inclusión en el Lespre en 2021, pasando de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, el dato más alto desde 2017. En Castilla y León, Asaja cifra en 3.979 los ataques registrados en 2024, con 5.985 cabezas muertas, lo que supone un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores.
Este escenario ha llevado a la Comisión Europea a abrir a finales de enero un expediente de infracción contra España