CC OO y UGT discrepan sobre el papel del Gobierno asturiano en Cerredo
El Principado sigue valorando cómo articular las ayudas
Bocamina del pozo un día después del accidente.
El dictamen de la comisión de investigación sobre Cerredo divide en Asturias a los secretarios generales de los dos principales sindicatos. Mientras José Manuel Zapico (CC OO) defiende que se ejecuten responsabilidades políticas «de manera inmediata», Javier Fernández Lanero (UGT) considera que hay que esperar a ver cómo avanzan los procedimientos judiciales y defiende que las responsabilidades políticas «ya se asumieron» al cambiar «de arriba a abajo» la Consejería de Industria.
Zapico (CC OO) ha recordado las palabras del presidente Adrián Barbón cuando afirmó que se asumirían responsabilidades «caiga quien caiga» y ha señalado que, ahora que ya se sabe «con luz y taquígrafos» que la Consejería de Industria y sus principales responsables no estuvieron «a la altura de las circunstancias», Barbón debería instar a aquellos responsables que siguen ocupando cargos públicos —Nieves Roqueñí en el Puerto de Gijón y Enrique Fernández al frente de Hunosa— a dimitir.
Lanero, en cambio, considera que al haber cambiado el organigrama de la consejería se actuó con «contundencia». «Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento», ha defendido.
Por su parte, el Gobierno del Principado aún está estudiando el alcance que tendrá la nueva línea autonómica de ayudas a las víctimas de la siniestralidad laboral y que, según avanzó el pasado viernes el Ejecutivo asturiano, también beneficiarán a las familias de los cinco mineros leoneses fallecidos en la explosión registrada en la mina de Cerredo el 31 de marzo del pasado año.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado que el Ejecutivo llevaba tiempo trabajando en esta medida porque la siniestralidad laboral ha sido unas de las prioridades desde el inicio de la legislatura, motivo por el que también puso en marcha hace unos meses un plan especial de seguridad laboral.
Peláez, que ha explicado que aún se tiene que concretar quiénes son los destinatarios y el horizonte temporal de la retroactividad de la medida, ha afirmado que el objetivo es aprobar las ayudas lo antes posible.
El también portavoz del Ejecutivo asturiano ha avanzado que las familias de los cinco fallecidos en Cerredo el pasado año podrán beneficiarse pese a que fueran residentes en León ya que «lo relevante para determinar el derecho (a las ayudas) es el lugar en el que se produjo el accidente».
Una vez determinado el alcance concreto de las ayudas, desde el punto de vista presupuestario el Gobierno del Principado deberá realizar las modificaciones de crédito pertinentes.