El Procurador del Común insta a la Diputación de León colaborar con el desbroce de maleza en los pueblos

El Procurador del Común de Castilla y León ha iniciado una actuación de oficio dirigida a las nueve Diputaciones provinciales de la Comunidad para que insten a los ayuntamientos de municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes a ordenar la limpieza y desbroce de solares y terrenos urbanos o colindantes. Esta iniciativa, paralela a otra similar dirigida a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, surge ante el «gran peligro de incendio» que se manifiesta cada época estival en el suelo urbano y periurbano, una problemática que ya se evidenció de manera «dramática durante el verano pasado». Esto provocó que el Procurador recibiera «numerosas quejas en las que se advertía del alto riesgo de incendios derivado de la falta de mantenimiento de solares y espacios urbanos o zonas periurbanas», tanto de titularidad pública como privada, en estado de abandono y con un crecimiento descontrolado de la maleza.

La institución señala que las previsiones apuntan a «un verano especialmente complejo en materia de incendios, advirtiendo de que la intensidad de los mismos podría ser «igual o superior a la del año 2025». Este pronóstico se debe a que «las abundantes lluvias de los últimos meses van a contribuir al crecimiento de la vegetación en densidad y altura», un escenario de riesgo que ya están «anticipando los primeros incendios habidos en la Comunidad y Comunidades limítrofes cuando apenas se ha iniciado la primavera». Por este motivo, la institución ha considerado pertinente abordar la problemática y promover esta línea de acción para efectuar un «recordatorio a dichas entidades para que, en ejercicio de las competencias urbanísticas que les son propias, exijan el cumplimiento del deber de conservación de fincas y solares a sus propietarios».

El Procurador recuerda de forma expresa a los ayuntamientos de menor tamaño que, ante la eventual inobservancia del deber de conservación por parte de sus titulares, «la intervención municipal no es potestativa». Al contrario, la institución recalca que esta obligación «deriva del ejercicio de una competencia de obligado cumplimiento atribuida por la legislación sectorial urbanística y la general de régimen local», por lo que, en definitiva, se trata de una «competencia irrenunciable para el órgano que dentro de la organización municipal la tenga atribuida».

Finalmente, el Procurador del Común apela en su escrito a la necesaria colaboración de las Diputaciones provinciales para que, «mediante su colaboración y por los medios y en la forma que consideren más oportunos», trasladen este requerimiento a los ayuntamientos de su ámbito territorial. La resolución destaca que las instituciones provinciales deben prestar la «asistencia, colaboración y cooperación jurídica, económica y técnica a las entidades locales de menor capacidad económica y de gestión», en los términos que se deducen de la legislación vigente.