La disputa institucional marca el día del lobo ibérico

En el Día Internacional del Lobo, la especie atraviesa en España una etapa de inestabilidad jurídica, con un régimen de protección fragmentado por comunidades y una disputa abierta sobre su estado de conservación que enfrenta al Gobierno central con buena parte de las autonomías loberas.

En 2021, el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), aunque una modificación legal aprobada por el Congreso en 2025 lo excluyó de este régimen al norte del río Duero y devolvió a esas autonomías parte de las competencias sobre su gestión. Desde entonces, la aprobación de medidas de control letales permanecen condicionadas por distintas resoluciones judiciales, mientras que al sur del Duero el lobo mantiene su régimen de protección estricta.

La situación se ha agravado desde junio por la discrepancia sobre el último informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea, ya que las comunidades aprobaron el documento elaborado por la Xunta de Galicia que concluye que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable. El ministerio sostiene que su informe alternativo, elaborado a partir de «información autonómica y documentación científica» es el que cumple los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea.

Mientras continúa el enfrentamiento institucional, el último recuento oficial correspondiente al periodo 2021-2024 sitúa en 333 el número de manadas de lobos en España. Las comunidades consideran esta cifra suficiente para habilitar su caza, frente a las 500 manadas que la Comisión Europea ha establecido como referencia para considerar un estado favorable de conservación, a las que el Gobierno español se remite. En este sentido, la fragmentación jurídica es especialmente visible en el territorio. Castilla y León permanece a la espera del informe definitivo del Miteco.