Canalejas afronta la recuperación de las 7.145 hectáreas quemadas en 2025
Adjudicadas las obras de emergencia para restaurar los montes de Cea y Almanza. La restauración de los terrenos contará con 500.000 € para actuar en pistas forestales y cauces
Incendio de Canalejas en las proximidades de Calaveras de Arriba
El incendio forestal de Canalejas, que en agosto de 2025 arrasó más de 7.100 hectáreas entre las provincias de León y Palencia, contará con una primera intervención de restauración hidrológico-forestal presupuestada en 500.059,10 euros. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado por procedimiento de emergencia estos trabajos a la empresa Oficina Técnica de Montes S.L.U., con el objetivo de reducir los daños derivados del fuego y evitar que las lluvias agraven el deterioro de los terrenos afectados.
El fuego, declarado el 16 de agosto de 2025, alcanzó una superficie estimada de 7.145,29 hectáreas repartidas entre los municipios leoneses de Almanza, Cea y Valderrueda y los palentinos de Fresno del Río, Guardo, Mantinos y Villalba de Guardo. Fue uno de los grandes incendios del verano en la provincia y obligó a activar el nivel 2 de peligrosidad, con evacuaciones de vecinos y una importante movilización de medios de extinción. Las llamas llegaron a extenderse por varias localidades de la montaña palentina.
La resolución de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, firmada el 4 de diciembre de 2025, justifica la tramitación de emergencia por la necesidad de intervenir cuanto antes en una superficie en la que la desaparición de la cubierta vegetal incrementa el riesgo de erosión, arrastre de cenizas y sedimentos y posibles avenidas de agua. El documento advierte de que las lluvias de otoño e invierno pueden provocar la pérdida de suelo, nutrientes y semillas necesarias para la regeneración natural, además de aumentar el riesgo de inundaciones en las poblaciones situadas aguas abajo.
La actuación se centrará en los terrenos forestales de los municipios de Cea y Almanza, en concreto en los montes de utilidad pública números 586, 587, 611 y 934. La intervención contempla la eliminación de restos mediante la trituración de 2.000 árboles por hectárea en pie, además de trabajos de arreglo, ensanche y apertura de pistas forestales, con aportaciones puntuales de material granular.
El proyecto incluye también el ensanche de un puente y el hormigonado de su firme, así como la construcción de charcas destinadas a retener las cenizas y los materiales finos que arrastren las escorrentías desde las laderas. Estos puntos de agua tendrán además utilidad para la fauna.
La dimensión del incendio explica la necesidad de estas actuaciones. Según la evaluación recogida en la resolución ministerial, el 72,3% de la superficie quemada correspondía a terreno forestal arbolado, principalmente repoblaciones de pino silvestre y rebollares. Otro 12,6% era superficie forestal desarbolada, con pastizales, matorral, zonas de arbolado disperso y cortafuegos.
Especialmente importante fue la afección a los montes de utilidad pública, que sumaron 6.318,20 hectáreas dañadas. Algunos de ellos llegaron a registrar porcentajes de afección de hasta el 100%. También resultó perjudicado el espacio protegido de Rebollares del Cea, incluido en la Red Natura 2000, con 873,67 hectáreas afectadas, el 6,6% de su superficie total.
Evitar nuevos daños
La restauración no se limita a retirar los restos del incendio. El objetivo es recuperar parte de las funciones ambientales de los montes, conservar el suelo y favorecer la regeneración de la vegetación y la fauna. Entre las prioridades figuran reducir la erosión en las laderas y los cauces, limitar el arrastre de sedimentos hacia los cursos de agua y prevenir la proliferación de plagas forestales que puedan extenderse a las masas arboladas que no resultaron afectadas por las llamas.
La resolución señala que la pérdida de cubierta forestal reduce la capacidad del terreno para absorber y retener el agua de lluvia, lo que puede favorecer escorrentías y avenidas con consecuencias para caminos, viviendas, huertas y otras infraestructuras. También alerta del riesgo de proliferación de escolítidos perforadores, insectos que pueden causar daños en las masas forestales debilitadas, por lo que considera fundamental la retirada y tratamiento de los restos vegetales.
La Junta de Castilla y León, como administración responsable de la gestión de los terrenos, realizó previamente la evaluación de los daños y trasladó al Ministerio los riesgos detectados y las actuaciones necesarias para minimizar sus consecuencias. Esta primera intervención estatal permitirá abordar los trabajos más urgentes.