Trabajo pide medio millón a la Junta por 38 veterinarios sin contrato legal

El juzgado de lo Social número 2 de León será el encargado de dilucidar a partir de mañana quién tiene razón respecto a la vinculación laboral de los veterinarios que efectúan las campañas de saneamiento ganadero. Para la Tesorería General del Estado, la Junta de Castilla y León ha intentado encubrir una auténtica relación laboral bajo contratos fraudulentos, ahorrándose así el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los últimos doce años. Sin embargo, sólo puede reclamar las nóminas desde 1998, porque el resto de las infracciones han prescrito. En números redondos, Trabajo reclama al Gobierno autonómico medio millón de euros (83 millones de pesetas) más la multa que proceda y posibles indemnizaciones. La Junta, sin embargo, ha plantado cara y ha recurrido a los tribunales para intentar demostrar que los contratos suscritos con los veterinarios del servicio de saneamiento ganadero son legales y no implican relación laboral. El Ejecutivo contrata a los profesionales por obra (toda la campaña, que se demora durante ocho meses), acogiéndose a que los veterinarios pagan sus propios autónomos, lo que libera a la Administración de incluirles en el régimen de la Seguridad Social. La Junta no está de acuerdo con el informe de la inspección y ha iniciado un procedimiento judicial que llevará mañana al banquillo tanto a la Tesorería como a 23 de los 38 veterinarios afectados. Los otros 15 comparecerán ante el tribunal en las próximas semanas. A raíz de la inspección de oficio efectuada el 12 de noviembre del 2001, los veterinarios y la Junta han intentado llegar a un acuerdo para regularizar la situación, que les ha impedido disfrutar de vacaciones, un salario estable y una garantía de continuidad en el puesto laboral año tras año. Un ahorro de 1,2 millones El Gobierno autonómico tiene en su mano varias opciones: privatizar el servicio, como ya ocurre en otros puntos de la geografía española, o terminar por admitir la vinculación laboral de esos profesionales, como acaba de solicitar el PSOE en las Cortes. Según los datos de los socialistas, incluir en la nómina de la Administración a los veterinarios de las campañas de saneamiento ganadero ahorraría 1,2 millones de euros (unos 200 millones de pesetas) al año a las arcas de la Junta. Las negociaciones están en un punto delicado y, de momento, los veterinarios no han recurrido a acciones de fuerza para lograr su reconocimiento laboral. Una treintena de profesionales se encarga cada año, desde hace doce, de realizar los análisis de brucelosis y tuberculosis de medio millón de ovejas y de 120.000 cabezas de ganado vacuno diseminadas en la provincia. Su despido, otra de las opciones de la Junta, colapsaría el servicio de saneamiento.