El presidente prohíbe realizar movimientos sin notificación previa a la dirección
Denuncian al Club Náutico por no pedir permiso para vertidos y obras
El colectivo puede sufrir una sanción de 3.000 y otra de 600 euros si no explica su forma de proceder
RAMIRO
El presidente del Club Náutico de León, Manuel Puente Ramos, ha remitido una carta a los socios que componen este colectivo para explicarles los promenores de la aparición de dos expedientes por vertidos ilegales y por obras realizadas sin autorización, a resultas de una denuncia que la Guardia Civil presentó el pasado 25 de junio de 2004. El responsable del club entiende, en sus primeras consideraciones, que los terrenos en los que se asientan las instalaciones, pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Duero, a pesar de que se utilizan con una concesión administrativa. La circunstancia afecta también al hecho de que los terrenos son jurisdicción de la Policía de Aguas, que tiene un alcance de 500 metros en horizontal desde la cota de máxima avenida, y por ende, al Ayuntamiento de Los Barrios de Luna. Explica también que las obras que se pudieran realizar, son responsabilidad directa del club, a pesar de que en los últimos tiempos «se ha creado una dinámica en la que parece que si un socio pone un ladrillo, el de al lado tiene que poner dos». La solución a la problemática suscitada pasa, a criterio de Puente Ramos, por la instalación de una depuradora de aguas residuales, así como la solicitud de la autorización de las obras actuales, a lo que acompañará el compromiso público de solicitar permisos en lo sucesivo para cualquier trabajo de estas características. Así las cosas, a partir de este momento, queda prohibida la realización de obras. Sólo se podrán retirar o colocar caravanas, siempre que anteriormente se le solicite el permiso pertinente al club. Por carta La carta fue enviada el pasado día 14 de abril a los miembros de la asociación, a la vista de los problemas que habían empezado a surgir con todo este asunto, que puede derivar en sendas sanciones de 600 y 3.000 euros respectivamente, a pesar de que la dirección del colectivo estima que puede haber posibilidades de salvar la crisis que se ha creado en todo este asunto, y que se debe resolver.