El TSJ sanciona a Boñar con 50.000 euros por la obra de la piscina en el 98

El Tribunal Superior de Justicia de Valladolid ha condenado al Ayuntamiento de Boñar a pagar 60.064 euros, más los intereses, por las obras realizadas a mayores en la piscina municipal y por la ocupación de parte de una parcela de un particular en la avenida Constitución de Boñar. La mayor cantidad deberá se abonada a la empresa Aquamader, adjudicataria de la obra de reforma de las piscinas municipales en 1998, quien demandó al Ayuntamiento por una ejecución de mayor obra a la contrata. El Tribunal Superior de Justicia determina que el importe total ejecutado excede a lo adjudicado en 42.892,50 euros, por lo que condena al Ayuntamiento de Boñar al pago de esta cantidad, además de los intereses legales y la cantidad pendiente de certificar. En 1998 la nueva normativa de las piscinas obligó a todas estas instalaciones de la provincia de León a realizar una reforma si querían seguir abiertas y en pleno funcionamiento. Ante la falta de fondos de la mayor parte de los ayuntamientos, la Diputación de León habilitó una ayuda al 100% a los municipios para que acometiese estas obras y pudiesen abrir sin problemas sus piscinas. Por aquel entonces IU tenía dos diputados provinciales y uno de ellos era el concejal del Ayuntamiento de Boñar de IU, Germán Fernández García, quien propuso al Ayuntamiento entrar en esa subvención para arreglar las piscinas dado que la obra corría por cuenta de la Diputación de León. Sorprendentemente, el equipo de gobierno del PP acordó no ir a esa subvención para evitar que IU se apuntase la obra. Así pues se acordó, en contra de lo propuesto por IU, ir a un préstamo bancario para acometer unas obras que superaron una inversión de 300.000 euros. El concejal de IU, Aquilino Castro, ya recordó en el último pleno que el no haber hecho caso al entonces diputado de IU, Germán Fernández, le va a costar ahora al Ayuntamiento de Boñar unos 50.000 euros. Otra de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento fue la ocupación sin autorización de los propietarios de parte de una finca de los hermanos López Pérez cuando el consistorio llevó a cabo las obras de la avenida constitución de Boñar. La acera y parte de la calle se encuentra en terreno que no fue expropiado ni se contaba con la autorización de los propietarios. Tribunal Superior de Justicia de Valladolid ha pedido la ejecución de la sentencia de 1994 para que el Ayuntamiento de Boñar indemnice a los hermanos López con 17.172,08 euros además de los intereses legales desde el día 3 de agosto de 1994 por imposibilidad de ejecución literal de fallo de la sentencia.