Los afectados de FP quieren detalles antes de aceptar nuevos exámenes
Parte de los damnificados plantean que la Junta conceda validez al curso ya que permitió la realización de pruebas en mayo y de recuperaciones en junio
Un grupo de afectados por el supuesto fraude del centro, en imagen de archivo.
La letrada que defiende los intereses de 55 de los 110 afectados por la supuesta estafa del centro de formación profesional Tierras de La Bañeza, María José Rigueiro, aseguró que sus representados demandarán a la Junta más información sobre la convocatoria extraordinaria de pruebas libres para la obtención del título antes de aceptar participar en ella. La abogada consideró que, tras el anuncio por parte del viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez-Pascuala, de dicha convocatoria, no están claros los requisitos que los aspirantes deben cumplir para presentarse a la convocatoria, entre otras cuestiones.
«Estamos pendientes de mantener una conversación con la Administración porque no sabemos nada más que lo que ha aparecido en los medios de comunicación», señaló el pasado miércoles Rigueiro. La letrada consideró que el principal escollo para los afectados «es saber si se pueden acoger o no» a la convocatoria extraordinaria, y remarcó que, por el momento, desconocía si aquélla consistirá en uno o varios exámenes. La abogada también resaltó que, al menos, hay un afectado del ciclo de informática, al que ella representa, mientras que Sánchez-Pascuala sólo aludió, al plantear la mencionada medida, a quienes no fueron, supuestamente, matriculados en los ciclos de enfermería y farmacia.
La abogada confirmó que sus representados, en principio, no están de acuerdo con volver a examinarse. «No parece una medida justa. Ya que han permitido (en referencia a la Administración) que la gente se examinase en mayo y realizase la recuperación en junio, quizás deberían darle validez al curso».
Respuesta a la directora provincial. En parecidos términos se expresan afectados que en los últimos días han mostrado su opinión en la web de Diario de León y en la creada al hilo de esta supuesta estafa. Algunos de ellos manifestan su temor de que la convocatoria extraordinaria pueda ser una maniobra de la Administración para suspenderlos y poner fin así al problema; otros señalan que el centro debería conservar los expedientes académicos de quienes realizaron las pruebas y trabajos para la obtención de los títulos. Otros comunicantes recalcan que el centro estaba homologado por la Junta, y algunos otros apelan a la documentación que, a su juicio, los acredita como alumnos.
Por su parte, y en respuesta a la directora provincial de Educación, Mercedes Fernández, que aseguró a Diario de León no tener constancia de que hubiera afectados del ciclo de informática susceptibles de participar en la convocatoria extraordinaria, uno de ellos remitió a este periódico una carta firmada por Fernández en la que ésta le aseguraba que estaba matriculado en dicho ciclo en este centro en el curso 2008-2009.