«Todavía los blancos mandan y los indios obedecen»

Marta Cabezas Fernández empezó a trabajar como cooperante en Centro América al terminar en León su carrera de Derecho. Tras cinco años, sintió que necesitaba una etapa de reflexión y volvió a estudiar, esta vez Antropología Social. En ello está ahora, a la vez que estudia los movimientos sociales bolivianos. -¿Puede explicar cuál es su labor como responsable de Acsur en el Área Andina? ¿Qué le llevó allí? -Acsur es una organización no gubernamental de carácter laico y progresista, que trabaja tanto en los países llamados «desarrollados» como en los países del Sur, pues creemos que el problema del subdesarrollo es un problema global. Mi tarea consiste en coordinar las acciones que llevamos a cabo en Bolivia. En estos momentos, trabajamos en varios proyectos de desarrollo rural, de comunicación alternativa y de equidad entre hombres y mujeres, siempre mano a mano con onegés bolivianas. -¿Cuál es el escenario político, económico y social que subyace a los levantamientos indígenas-populares? -Bolivia tiene un 62% de población indígena. Es un país tremendamente rico en recursos naturales (plata, estaño, goma, petróleo, gas, agua, tierra, biodiversidad, etc) y, sin embargo, dos tercios de su población viven en la pobreza. Todos nos preguntamos por qué la explotación de estos recursos no beneficia a la gente. Basta mirar a la historia, para ver que la República de Bolivia está sumida en un proceso de colonialismo interno: hay una correlación muy fuerte entre el color de la piel y el lugar que le corresponde a cada quien en la sociedad boliviana. Esto, en lenguaje común y corriente, quiere decir que los blancos mandan y los indios obedecen, realidad que persiste, con matices, hasta el día de hoy. Las élites mestizo-criollas acumulan privilegios de todo tipo y acaparan los recursos naturales, mientras el pueblo llano pasa hambre. Es una situación muy injusta. Los pueblos indígenas y los sectores populares, cuando demandan la celebración de una Asamblea Constituyente que refunde la república boliviana, lo que quieren, en el fondo, es empezar a terminar con este proceso de exclusión y racismo. Y cuando demandan la nacionalización de los hidrocarburos, el fondo del asunto es recuperar los recursos naturales y estratégicos para generar redistribución. En definitiva, tras la demanda de nacionalización, está la exigencia de revertir el proceso de explotación económica, de tomar medidas decididas contra la pobreza y cerrar brechas entre los bolivianos. -¿Qué ha tenido que ver en los conflictos sociales la creciente crisis económica abierta en 1998? -La miseria y el hambre son factores de conflictividad social de primer orden. A finales de los noventa, han empezado a sentirse los resultados del nuevo modelo económico implantado en Bolivia desde 1985, promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este modelo ha dejado de lado la necesaria redistribución de los recursos que debe promover el Estado, en una sociedad tan inequitativa como la boliviana. Se privatizó la minería estatal y la explotación de los recursos naturales, se privatizaron también algunos servicios básicos como el agua potable, se adelgazó un Estado ya de por sí esquelético y se flexibilizó el mercado de trabajo, entre otras medidas. Así, la brecha entre ricos y pobres ha crecido y la precariedad se ha hecho intolerable. -¿Qué es la «paz negativa» que cita en su reflexión antropológica sobre el conflicto? -Justamente, estos procesos que hemos mencionado antes han generado lo que algunos denominan «paz negativa»: pese a la relativa paz de Bolivia en el contexto latinoamericano, esta situación de explotación económica, exclusión política e inequidad social, genera una violencia cotidiana que terminará por estallar de una forma u otra. Y ya está estallando, afortunadamente de forma pacífica, pues el pueblo boliviano no está armado y su método de movilización y protesta se centra en el bloqueo de carreteras y asedio a los centros de poder, de momento no pasa por las balas. Estas estrategias, qué duda cabe, generan muchos problemas, pero no alcanzan los niveles de violencia de Colombia, por ejemplo. En la Bolivia de hoy no podemos hablar de conflicto armado ni de guerra civil. Sin embargo, las condiciones de fractura social, están dadas. -¿Qué supuso la irrupción de los movimientos sociales en el Parlamento y la denominada «guerra del gas»? -Hay que reconocer en el escenario actual algunos elementos de cambio. Los dos temas que mencionas son especialmente significativos, porque suponen un punto de inflexión en la forma de hacer política en Bolivia. A las últimas elecciones generales, que tuvieron lugar en 2002, se presentaron dos partidos políticos que fueron fundados por los movimientos sociales para defender sus intereses en el Parlamento: el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe. Estos partidos obtuvieron el 27% de los escaños. Si bien se encuentran en una franca minoría, el Parlamento actual, nacido de las elecciones de 2002, es el primero en tener una representación indígena-popular de esta magnitud. Hasta el 2002, los partidos tradicionales habían controlado las instituciones democráticas, impidiendo que los sectores indígenas y populares, mayoritarios en el país, hicieran valer sus intereses. Por otra parte, la denominada «guerra del gas» de octubre de 2003, demostró que ni los sectores indígena-populares ni la clase media toleran ya a un gobernante represor y masacrador. La brutalidad de la represión militar y policial que tuvo lugar en la ciudad de El Alto como respuesta a las movilizaciones populares -se saldó con más de sesenta muertos y de cuatrocientos heridos civiles- generó una presión tal, que el expresidente se vio obligado a renunciar y huir del país. Los movimientos sociales, con el apoyo de la clase media, lograron deponer a un presidente violador de los derechos humanos de la gente humilde que se manifestaba en las calles de El Alto. -Esta frase es suya: «La utopía que alienta las rebeliones indígenas está alumbrada en un pasado entre la historia y el mito». ¿Qué quiere decir? -También nos preguntamos por qué en Bolivia existe una capacidad tan grande de movilización y en otros países, igualmente injustos y pobres, prima la pasividad. Otra clave para comprender lo que está pasando hoy en Bolivia es el resurgimiento de las identidades indígenas, que logran movilizar a mucha gente y dar un fuerte sentido histórico a esta etapa rebelde que presenciamos. Creo que todos nos preguntamos por qué, en los albores del siglo XXI, resurgen estas identidades indígenas y anticoloniales. Sin duda es la experiencia presente de explotación y discriminación la que reaviva estas identidades y genera una enorme rebeldía. La utopía indígena consiste en la restitución, a futuro, de las sociedades indígenas precolombinas, imaginadas desde el presente, lo que contiene dosis de historia y dosis de mito. Así, la historia y el mito se confunden. Pero lo importante es recordar que los pueblos indígenas viven hoy en condiciones de explotación , exclusión y discriminación y en ese sentido sus luchas para vivir mejor son legítimas, Tan legítimas como las de otros sectores excluidos y explotados. -¿Cómo es un día hoy en La Paz y cómo ve el futuro de Bolivia? -La Paz, aunque hoy parezca chocante decirlo con lo que acaba de suceder, es una ciudad que hace honor a su nombre: es una de las capitales de América Latina con menor índice de delincuencia común y la vida cotidiana transcurre de forma muy pacífica. Hemos vivido en las últimas semanas una situación de desabastecimiento por los bloqueos de El Alto y de las provincias, que ha sido muy dura para los paceños. La ciudad y el país están volviendo poco a poco a la normalidad, pero los problemas de fondo que han ocasionado esta crisis siguen irresueltos. Por una parte, los movimientos sociales demandan la refundación del país a través de una Asamblea Constituyente y reformas profundas en el modelo de explotación de los recursos naturales, de modo que empiecen a beneficiar a los sectores más desfavorecidos de la población. Por otra parte, las élites están demandando autonomía departamental para Santa Cruz de la Sierra y para los departamentos del oriente boliviano, con plena autonomía para la gestión de sus recursos naturales. El problema es que la mayoría de los recursos estratégicos están en la zona oriental del país (gas, petróleo, tierra, biodiversidad) y si se otorga autonomía con libertad total para la explotación de esos recursos, los réditos quedarán en el oriente del país, en manos de las élites. Así, las esperanzas de redistribución que genera la explotación de los hidrocarburos se verían frustradas y la situación de pobreza que estrangula a las mayorías del país no encontraría solución. Para resolver esta situación tan polarizada de forma duradera, será necesario acometer reformas muy profundas en la política y en la economía, incluyentes de las mayorías. Entonces sí, en Bolivia empezará a haber una «paz positiva».