La vida del mercenario abandonado

Simon Mann y sus soldados pagan con largas condenas un fallido plan para derrocar a Obiang en el que Severo Moto aparece como cabeza de una trama aún por desvelar en su totalidad

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A. PAREDEI. GURRUCHAGA | texto
León

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Simon Mann, el mercenario británico que reconoció liderar un complot para derrocar en 2004 al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, podría haber elegido entre muchas profesiones: su familia era propietaria de una fábrica de cerveza, hijo y nieto de capitanes del equipo de cricket de Inglaterra y fue destinado como soldado a Irlanda del Norte y a la Guerra del Golfo después de haberse formado en la Escuela Militar de Sandhurst, donde se han graduado los príncipes Enrique y Guillermo. A este hombre casado y padre de siete hijos -al más pequeño no le conoce aún- lo que le gustan son las emociones fuertes: decidió embarcase en una operación que prometía convertirle en multimillonario. Ahora, por el contrario, a sus 56 años, podría pudrirse en la cárcel después de que la justicia del país africano lo haya condenado a 34 años de prisión por el fallido golpe de Estado. Mann es, en cierto modo, un preso privilegiado en Black Beach, un penal en el que, según denuncia Amnistía Internacional, desde enero del año pasado las autoridades no han facilitado tratamiento médico a los presos. Antes de comenzar el juicio, que se celebró en junio, el mercenario almorzaba con regularidad con el ministro del Interior, Manuel Nguema Mba. Un hotel de Malabo se encargaba de llevarles la comida y el vino, y tampoco se le privó de leer libros y revistas y de hacer ejercicio. El Gobierno de Malabo le prometió ser benévolo a cambio de colaboración. Y Mann contó, supuestamente, todo lo que sabe. Pero la sentencia ha sido superior, en tres años, a lo pedido por el fiscal y, de momento, no hay señales de un posible perdón presidencial. Hay rumores, sin embargo, de que Mann es un prisionero incómodo para el régimen. Y es que puede mantener durante mucho tiempo la atención sobre un país que en raras ocasiones permite la entrada a la prensa. Se especula con que se le podría perdonar después de un tiempo o negociar con el Gobierno británico para que sirva el resto de la pena en Reino Unido. La operación que dirigía Simon Mann fue abortada en Zimbabue el 7 de marzo de 2004. El británico fue detenido allí junto con más de sesenta mercenarios y durante un tiempo sostuvo que su avión, que había aterrizado para repostar en el aeropuerto de Harare, la capital, se dirigía a la República Democrática de Congo, donde sus hombres trabajarían como guardias de seguridad de una mina. Tras su detención, Mann pasó cuatro años en una cárcel de la antigua Rhodesia, hasta que en febrero el presidente, Robert Mugabe, aceptó extraditarlo a Guinea Ecuatorial. Casi toda la historia del complot se sostiene únicamente sobre la base de las declaraciones de los acusados, pero todos los medios de comunicación británicos dan por hecho que Severo Moto, el líder de la oposición exiliado en España, reemplazaría a Obiang si el golpe de Estado triunfaba. Desde entonces, a este político las cosas le han ido de mal en peor. En la actualidad se encuentra en la cárcel a la espera de ser juzgado, después de que la Policía española lo detuviese en abril por supuesto tráfico de armas. Según The Wonga Coup , el libro del periodista del semanario Economist Adam Roberts, la primera reunión entre Mann y Moto se celebró en febrero o marzo de 2003. El ex militar británico, que después de dejar el Ejército fundó una compañía que mandaba mercenarios a combatir contra rebeldes en lugares como Angola o Sierra Leona, al parecer no quedó convencido. Pero al ser detenido aseguró que fue la situación de pobreza en la que vive el medio millón de habitantes de Guinea Ecuatorial, la mayoría sin agua corriente y con una esperanza de vida media de 50 años, lo que le persuadió para formar parte del complot. El Gobierno de Malabo sostiene que Moto prometió a Mann contratos millonarios para explotar sus recursos naturales. Falta de discreción Roberts asegura también que los implicados no fueron nada discretos, ni siquiera Moto. Quizás eso explica que los rumores de un golpe en la ex colonia española se hubiesen extendido durante semanas en Malabo. En Madrid, a finales de enero de 2004, también se hablaba abiertamente de ello. Un experto consultado por el autor de la obra le contó que personas de alto nivel del régimen, incluido Obiang, habían salido del país para principios de marzo. Según las instrucciones que recibió Mann, el golpe debía producirse antes de la partida del «simpatizante» José María Aznar, presidente de España hasta que las elecciones generales del 14 de marzo de ese año. Pero la preparación no estuvo exenta de dificultades y se retrasó el golpe. Prueba de que no las tenían todas consigo es el hecho de que el 5 de marzo Nick du Toit llamó a Mann desde Malabo, según cuenta Roberts, para preguntarle si el complot seguía adelante. Nick du Toit estaba al frente a de la avanzadilla que se encontraba en Guinea a la espera del líder del golpe. Este ex militar sudafricano y traficante de armas, ha sido condenado también a 34 años de cárcel, junto con otros diez individuos. Durante el juicio a Mann, además, se sentenció a dieciocho años al empresario libanés Mohamed Salaam, mientras que cuatro guineanos fueron penados con seis años. El fiscal de Guinea Ecuatorial quiere asimismo extraditar a Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra británica, porque cree que financió la operación, pero es improbable que consiga el visto bueno de las autoridades españolas. La Justicia de Sudáfrica, donde vivía en el momento de la detención de Mann, le dejó en libertad condicional y le obligó a pagar una multa por financiar la compra de un helicóptero que iba a ser usado en el complot. En la actualidad, este vividor sin profesión fija reside en la Costa del Sol. Uno de los sueños de Obiang es poder extraditar al multimillonario de origen libanés, Ely Calil, al que Simon Mann ha acusado de ser el cerebro de la conspiración que pretendía poner fin a sus veintinueve años en el poder, al que llegó después de haber derrocado en golpe de Estado a su tío Francisco Macías Nguema en 1979. Apodado el Cardenal , la figura de Calil es de lo más enigmática porque la única foto que se ha hecho pública de él fue tomada en 1972. Tras hacerse pública la sentencia de Simon Mann, este empresario de 64 años que reside en Londres, declaró al periódico británico Daily Telegraph que el complot que aquel detalló es «pura fantasía». Reconoció, sin embargo, que había financiado «el regreso de Severo Moto a Guinea Ecuatorial, no un golpe de Estado». Pero Calil, como tantos otros empresarios y gobiernos, tiene sus ojos puestos en las reservas de petróleo del país africano. Y es que además de los yacimientos de zafiro, al norte de la isla de Bioko, la resolución de una disputa territorial entre el Gobierno de Obiang y el de su homólogo de Gabón, Omar Bongo, sobre una zona rica en petróleo -la isla de Mbané, en la bahía de Corisco- es clave para Estados Unidos, Francia o España, entre otros. Según fuentes diplomáticas, Washington y Madrid han presenciado impotentes cómo Obiang ha reforzado sus lazos con París por lo que temen que de solucionarse la disputa a favor de Guinea, su Ejecutivo pueda conceder los contratos de exploración a la empresa gala Total. Prueba de lo mucho que hay en juego en esta disputa territorial es que tanto el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, como el actual, Ban Ki-Moon, se han implicado personalmente como mediadores.

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