El PP reclama que se investiguen los nuevos datos del «chivatazo» a ETA
Francia ha comunicado que un etarra detenido tenía el teléfono del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por «si tenía algún problema»
El Partido Popular ha solicitado al juez Garzón que no archive la causa sobre el supuesto chivatazo a ETA e incorpore todos los informes policiales vinculados al proceso y los resultados de una comisión rogatoria enviada por Francia, que «permitirían» esclarecer los hechos. En el escrito que el PP presentó ayer ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se argumenta que las últimas informaciones aparecidas en la prensa han puesto de manifiesto nuevos datos que el fiscal ha eludido al solicitar el sobreseimiento del llamado caso Faisan.
El PP se refiere a informaciones según las cuales un informe policial asegura que el chivatazo a ETA siguió la vía jerárquica de la cúpula policial y que el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, estuvo al corriente.
«Sorprende en este sentido la omisión por parte de la Fiscalía», dice el PP, de cuestiones que permiten corroborar a su juicio la «verosimilitud de lo informado por la Policía». En este sentido, el escrito recuerda que el 3 de mayo del 2006, el magistrado Marlaska y la juez antiterrorista Laurence Levert autorizaron una operación para detener a 10 personas en España y 6 en Francia tras detectar la operatividad de la red de extorsión de la banda terrorista.
El PP remarca que una de esas detenciones era la de Gorka Aguirre, militante del PNV, y que se debía llevar a cabo el 4 de mayo del 2006, el mismo día en que se iban a entrevistar el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. «Resulta obvio que la detención del militante peneuvista ese mismo día alteraría la reunión concertada», señala el PP.
Igualmente indica, que como se ha publicado, uno de los interlocutores de la banda, el presunto etarra Josn Iurrebaso, «señaló» ante la juez Levert un número de teléfono, que era el utilizado por Victor García Hidalgo y que, según dijo, «le fue facilitado por uno de los interlocutores del Gobierno para que lo utilizara como salvoconducto si tenía algún problema».
El PP considera que hay suficientes datos para no archivar la causa y seguir investigando.