Los sindicatos convocan una huelga de todos los empleados públicos el 2 de junio

Los empleados públicos contestarán su recorte salarial en el 2010 y la congelación de sus retribuciones en 2011 con una huelga general en el área el miércoles 2 de junio. Antes, el 20 de mayo celebrarán asambleas informativas en sus centros de trabajo y concentraciones en la puerta de las delegaciones del Gobierno. La huelga estará organizada, en principio, por CC. OO., UGT y CSIF, que firmaron en septiembre con la vicepresidenta primera Teresa Fernández de la Vega el acuerdo trianual vulnerado, que garantizaba el poder adquisitivo del colectivo durante la presente legislatura. No obstante, el paro se presenta abierto a otros sindicatos sectoriales. «La protesta paralizará la vida del país», alertaron los convocantes.

UGT fue la central que primero informó sobre el día de la huelga. CC.OO. explicó que se había barajado el 2 de junio, decisión que en su opinión era aceptable, mientras que CSIF se mostró contrariada. Sus responsables explicaron que una fecha tan relevante debe comunicarse por todos los organizadores y no unilateralmente por un sindicato. «Además, nosotros hemos sido los primeros en asumir la conveniencia y necesidad de una huelga en el sector», dijo Miguel Bara, miembro del comité de negociación de CSIF.

Pese a estos pequeños rifirrafes, responsables de las tres centrales se mostraron conscientes y decididos a conseguir conjuntamente que sean los empleados públicos los protagonistas del primer paso en «las movilizaciones contundentes» provocadas por «las medidas regresivas» de Zapatero. «Estos trabajadores no pueden esperar -”comentaron representantes de CC OO-” porque son los primeros que van a padecer el ajuste. No debemos olvidar que los efectos del recorte ya se notarán en sus nóminas de junio».

Ante la pregunta de si Fernández de la Vega tendría que dimitir dada la situación de descrédito en la que se ha quedado, Enrique Fossoul, de CC.OO. respondió que las agresiones económicas y sociales «no se arreglan con dimisiones, sino con rigor en las propuestas». La ofensiva a los empleados públicos procede de «una política general del Gobierno», añadió y «la cuestión no es quién queda desautorizado».

Los sindicatos dedicaron la jornada del día después a resaltar en distintos foros el trabajo imprescindible que realizan los empleados públicos-”colectivo constituido no solo por funcionarios-” para la sociedad y los bajos salarios que perciben.

«El 90% del personal laboral de la administración general del Estado cobran en torno a los 1.000 euros», denunció CC.OO.