El Gobierno suprimirá 10.600 plazas públicas para ahorrar 250 millones
De la Vega anuncia que la reducción de vacantes será del 8% al 5% en tres años
De la Vega, durante una rueda de prensa.
El empleo público servirá para un nuevo ajuste de las cuentas del Estado. El Gobierno ha decidido dar otra vuelta de tuerca al sector. En esta ocasión, el ahorro llegará a los 250 millones de euros y supondrá la desaparición de 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con más de 2,5 millones de trabajadores.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó que la medida consiste en la reducción de vacantes, recogidas en la «relación de puestos de trabajo», del 8% al 5%, en tres años y se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y eficiencia.
Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron en la rueda de prensa tras el habitual consejo de ministros de los viernes.
De la Vega, encargada de la Función Pública en la presente legislatura, adelantó el proyecto el pasado martes en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, pero pospuso su concreción. El recorte eliminará «desviaciones al alza de las masas salariales de los funcionarios», según resaltó la vicepresidenta.
A quién afecta y a quién no. Afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras, y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedan excluidas las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, los centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y los controladores aéreos.
Tres recortes . Este ahorro se suma a la senda de iniciativas de ajuste aplicadas a los empleados públicos en el 2010. La primera se produjo el 30 de marzo. Entonces, el Gobierno decidió recortar en 280 millones de euros el gasto laboral. Para ello, aprobó un real decreto que establecía que solo uno de cada 10 puestos que quedaran libres se cubriría. Para los sindicatos del área fue una llamada de atención.
No obstante, CC.OO., UGT y Csif reconocieron que el acuerdo pactado con el Ejecutivo en septiembre del 2009 contemplaba una tasa de reposición de «hasta» el 15%, porcentaje que las tres centrales erróneamente dieron por bueno en el momento de la firma. Después llegaron las medidas para la reducción del déficit, anunciadas por el propio presidente del Gobierno el pasado mes de mayo en el Parlamento, posteriormente aprobadas por la cámara.
El jefe del Ejecutivo explicó que las retribuciones del personal del sector público se reducirían un 5% de media a partir de junio del 2010 y quedarían congeladas en el 2011. La decisión provocó la ruptura con los sindicatos.
Las tres organizaciones convocaron una huelga en el sector para el 8 de de junio, cuyo seguimiento fue minoritario, pese a que CC.OO., UGT y Csif se dieron por satisfechas