La Fiscalía sospecha de un «chivatazo» de Ripoll a los detenidos en Alicante
Es posible que el político filtrase datos para amañar la adjudicación del vertedero
Fenoll, ayer, a su llegada a los juzgados de Orihuela.
Cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos, actividad prohibida a funcionarios... ¿pero qué hay realmente tras las imputaciones que la justicia hace al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll? La Fiscalía Anticorrupción sospecha que hay un chivatazo , un presunto soplo para dar información privilegiada a empresarios amigos de cuál iba a ser la nueva ubicación de un polémico vertedero.
Quizás, afirma la Fiscalía, un concurso amañado desde el principio para hacerse con la adjudicación de una planta de tratamiento de residuos. Veinte años de negocio de reciclaje de las basuras de 27 pueblos. Una adjudicación que podría suponer unos beneficios cercanos a los 400 millones de euros en dos décadas y una inversión inicial de 99 millones. Y, de paso, un pelotazo urbanístico del tamaño de 120 estadios de fútbol. ¿Y del cohecho? Los investigadores no quieren decir palabra de cuánto dinero pudo moverse en esas operaciones para doblegar voluntades que no huelen nada bien. Quedan por analizar centenares de documentos que apestan, afirman los investigadores
Anticorrupción, en concreto el fiscal Felipe Briones, y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal llevan desde 2007 detrás de la pista de Ripoll y de los dos principales empresarios envueltos en esta investigación, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Básicamente, explican, con sus grabaciones se «autoimputó» sin quererlo y de paso puso en marcha el ventilador de esparcir inmundicia. Así puso sobre aviso a la Policía de lo que se cocía en el pringoso mundo de los residuos del sur de Alicante.