ETA se queda sin su «rama política» nueve días después del alto el fuego

Martes negro para el denominado entorno político de ETA. Y tan sólo nueve días después del anuncio de alto el fuego. En menos de doce horas, las Fuerzas de Seguridad y la Justicia golpearon de manera casi simultánea los dos principales pilares legales de la banda terrorista: la irredenta y montaraz Ekin, la «guardiana de la ortodoxia etarra» y Bateragune, el último intento de la izquierda abertzale más moderada por volver a las instituciones.

El primer golpe fue el de la Guardia Civil con la detención de nueve destacados miembros de Ekin encargados de mantener al mundo radical independentista bajo el yugo y el «control» de ETA con la distribución continuada de directrices y campañas de movilización, y siempre pendientes de acallar de raíz cualquier crítica de los blandos. No era, ni mucho menos, un guiño del Estado a esos posibilistas . Cuando todavía no habían acabado los registros de esa redada, el sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia, Pablo Ruz, anunció que sentará en el banquillo a Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes más de la izquierda abertzale acusados de «integración en banda armada» por intentar resucitar Batasuna para concurrir a las elecciones municipales y forales del 2011.

El estrangulamiento de la rama política etarra comenzó muy temprano, de madrugada, cuando 300 agentes, bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y de la Jefatura de Información del instituto armado, se desplegaron en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón a la búsqueda y captura de los nueve activistas que desde hace dos años, según Interior, venían reuniéndose en locales de asociaciones de vecinos o culturales y bibliotecas para distribuir las órdenes de ETA al entorno independentista: desde manifestaciones, protestas o movilizaciones, pasando a campañas como la orquestada contra el Tren de Alta Velocidad, o a la elaboración de documentos con directrices políticas en nombre de la banda terrorista. La Guardia Civil ha tenido bajo control durante meses casi medio centenar de estas reuniones clandestinas organizadas en células provinciales (herrialdes).

El «golpe» a la «columna vertebral de la izquierda abertzale», como lo definió el Ministerio del Interior, tenía como objetivos prioritarios dos arrestos: los de Ugaitz Elizarán y Eneko Compains, considerados los nuevos jefes del aparato legal de ETA. El primero -"ya condenado a seis años de cárcel por pertenencia a Segi (juventudes pro etarras), hijo de etarra y hermano de Aitor Elizarán, jefe del político de ETA detenido en octubre pasado-" fue capturado en Guipúzcoa. El segundo en la localidad zaragozana de Cariñena, donde se encontraba de vacaciones. Luego vinieron el resto de las detenciones en las tres provincias vascas, Navarra, Cantabria y Aragón: Urko Ayerbe, Aniaiz Ariznabarreta, Egoitz Garmendia, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Rosa Iriarte y José Aldasoro. Este último es hermano de Juan Cruz Aldasoro, histórico dirigente de Batasuna, quien se enfrentó esta madrugada a los agentes durante un registro en la localidad navarra de Etxarri, por lo que también terminó arrestado acusado de desórdenes.

De forma paralela, los agentes realizaron 28 registros en Euskadi y Navarra. Fueron allanadas las viviendas de los detenidos y locales usados por los dirigentes de EKIN para sus reuniones clandestinas (entre ellos dos herriko tabernas y un gatetxe, un local juvenil abertzale). Según Interior, los funcionarios localizaron abundante documentación en papel y soporte informático. Según mandos de la lucha antiterrorista, las funciones de los nueve detenidos eran de lo más variadas dentro del entramado etarra.