El 80% son suspensiones y reducciones, que dejan un margen a la recuperación
La construcción sigue siendo, con las industrias energéticas, la peor parada en los ERE.
Dentro del más que preocupante panorama empresarial y del empleo que dibujan los expedientes de regulación de empleo, la directora general de Trabajo conserva una parte de esperanza. La gran mayoría de las regulaciones que se presentan son de suspensión temporal de empleo, algunas de reducción de jornada y, las menos, de extinción de los puestos de trabajo. ¿Significa eso que las empresas confían aún en la recuperación? «Desde luego, están aguantando pensando en esa recuperación, en volver a la actividad, si no terminarían con la sociedad definitivamente. Los expedientes de regulación suponen un alivio temporal para recuperarse, pero también un coste para las empresas. Si el objetivo fuera cerrar, si vieran que no tienen futuro, no retrasarían la situación».
Cuánto más van a aguantar, esa es la cuestión. Para aprobar un expediente de suspensión temporal de los empleos las autoridades laborales garantizan también que la situación de la empresa es coyuntural, pero su viabilidad está garantizada si cambian las circunstancias que le han llevado a tener que prescindir durante un tiempo de sus trabajadores. Si el problema económico de la empresa hace peligrar su futuro, la regulación temporal se rechaza.
Causas de producción. Lo cierto es que un altísimo porcentaje de las empresas que han presentado sus expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada laboral alegan directamente razones de producción, es decir, aquellas que están relacionadas con una situación del mercado que les impide hacer frente a sus obligaciones. No venden, no fabrican, no tienen obras,... Las otras causas que justifican la regulación de una plantilla (pueden ser económicas, técnicas u organizativas) se plantean en un número de ocasiones muy inferior.
El caso es que los expedientes de regulación suponen una dura carga para las arcas públicas, más en este momento, ya que los trabajadores afectados pasan a cobrar el paro. Pero suponen también una garantía de que la actividad empresarial y los empleos van a mantenerse en el tiempo. De hecho, las empresas que recurren a estas herramientas para dar un respiro a sus dificultades están obligadas a mantener una parte de las cotizaciones sociales de sus trabajadores, y luego recuperarles para su empresa y mantenerles en sus puestos de trabajo durante más de un año.