Almunia avisa al Gobierno que no podrá hacer nada sin el visto bueno de Bruselas

Cualquier inyección de capital público en las cajas de ahorro españolas deberá cumplir las normas de ayudas de estado europeas, que incluyen la aprobación por parte de Bruselas de un plan de reestructuración de la entidad afectada.

«Si hay recapitalizaciones, deberán ser compatibles con las reglas que tenemos en vigor», lo que implica que «los beneficiarios (de las ayudas) tendrán que presentar un plan de reestructuración que asegure su viabilidad», aseguró Amelia Torres, portavoz del comisario de Competencia, el socialista Joaquín Almunia.

En diciembre pasado, la Comisión Europea prolongó hasta 2012 el marco legal adoptado durante la crisis financiera para permitir las ayudas de estado al sector financiero, pero endureció su acceso para facilitar una retirada gradual de los apoyos públicos.

Entre los nuevos requisitos, se incluye la obligación de enviar a Bruselas un plan de viabilidad, al que hasta entonces sólo estaban obligados los bancos «de riesgo», es decir, los que hubieran recibido un apoyo equivalente al 2% de sus activos ponderados por riesgo.

El Gobierno español acaba de anunciar que nacionalizará las cajas que no refuercen su nivel de solvencia antes de septiembre próximo. Preguntada por esta reforma, la portavoz de Almunia la calificó de «positiva» porque servirá para «reforzar» a las cajas, de manera que puedan regresar a una situación financiera «más apta», que les permita desempeñar «su papel tradicional» de financiar a la economía real, al mismo tiempo que «reforzará la confianza en el sector financiero español».

Por otro lado, Torres informó de que ya se han iniciado los contactos entre la Comisión Europea y el Gobierno español sobre los próximos pasos a seguir, aunque no quiso ofrecer detalles.

Tampoco quiso valorar si el plazo dado por el Gobierno para que las entidades españolas eleven sus niveles de capital básico hasta el 8% de los activos ponderados por riesgo es demasiado amplio.

«Sin problemas para las bien gestionadas». Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que las cajas de ahorros que estén «bien gestionadas» no tendrán «problemas» con las nuevas medidas anunciadas ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado.

Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, Blanco señaló que, por el contrario, las entidades financieras que tengan dificultades «tendrán que preguntarse por qué las tienen», y no «culpar al mensajero» que les haya notificado esos problemas.

Añadió que con estas medidas, que contemplan que el Estado entre como accionista en las cajas de ahorros y los bancos que antes del otoño no obtengan los recursos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos mínimos de capital básico, se busca «garantizar la solvencia» del sistema financiero y generar «confianza y credibilidad».

Asimismo, las cajas que requieran la ayuda del Ejecutivo a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrán que convertirse en bancos, con lo que perderán así su especial naturaleza jurídica.

Según Blanco, España se encuentra en «un momento de exigencia» para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público, y «nadie» puede quedar excluido de esa exigencia «si queremos ser un país sólido, solvente, con capacidad de afrontar desafíos y de anticipar la recuperación».

Para el ministro de Fomento, la del sector financiero es «la más perentoria» de todas las reformas que en la actualidad lleva a cabo el Gobierno, ya que avanza en «la profesionalización de los gestores» y busca la «máxima salvaguarda de los recursos públicos».