Dos años de problemas y una tramitación tortuosa del real decreto

Desde la Junta critican también que, al margen del nuevo escenario planteado por el reglamento europeo, el sector lleve «dos años largos de problemas muy serios, que se iniciaron con la supresión del incentivo al consumo de carbón y que conllevaron una tramitación absolutamente tortuosa del real decreto que ha permitido recuperarlo. Es una decisión totalmente desacertada del Gobierno en el 2008, que ha llevado a que todavía estén las empresas intentando recuperarse».

Un desacierto que sumió en el caos y la crisis económica al sector, y que se sumó al vuelco en la política energética de la UE respecto al carbón. Begoña Hernández recordó ayer que cuando se inició la negociación del nuevo reglamento europeo fue precisamente un comisario español (el socialista Joaquín Almunia) el responsable de plantear un cierre de las empresas mineras en el 2014, que «comprometió que fuera irreversible ante la presión de otros comisarios. No se entiende, por tanto, que ahora quieran renegociar el horizonte temporal del 2018».

También recordó que la Junta fue la única comunidad que se personó ante el Tribunal de Luxemburgo para defender el real decreto frente a los recursos de las eléctricas.