UPN y PP no van a la cita con los familiares de los presos de ETA
Los socialistas navarros apoyaron la iniciativa de Bildu.
Familiares y amigos de los presos conversan con el presidente de la comisión de Régimen Foral.
Los parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro y del PP no quisieron acudir a la mesa de trabajo de la Comisión de Interior en la que comparecieron dos miembros de la plataforma ‘Etxerat’ que acoge a los familiares de los presos de ETA. Uno de los dos era Gloria Rekarte, terrorista que cumplió 19 de los 28 años a los que fue condenada por asesinar a dos personas en 1979.
El portavoz parlamentario de UPN, Carlos García Adanero, explicó que su grupo «no va a ir al Parlamento para que nos cuenten que los presos que están ahí por cometer asesinatos, extorsión y secuestros, resulta que son presos políticos, es algo que no reconocemos y no vamos a hacer el juego a aquellos que siguen sin condenar a ETA y sin pedirles que se disuelvan».
El PP consideró «una burla y un despropósito hacia las víctimas» que una persona condenada por dos asesinatos comparezca como invitada a una sesión de trabajo por los «problemas» de los presos de ETA.
La comparecencia de ‘Etxerat’ fue una iniciativa de Bildu que fue aprobada con los votos del propio Bildu, de Nafarroa Bai, Izquierda-Ezkerra y, sorprendentemente, del PSN. No obstante, el portavoz parlamentario socialista, Juan José Lizarbe, respondió a Bildu que «cuando habla de humanizar el conflicto es evidente que el sufrimiento sobre todo está entre las personas que fueron asesinadas y no están entre nosotros».
Los grupos nacionalistas criticaron la ausencia de UPN y PP y pidieron la «desactivación de la política penitenciaria» como uno de los pasos en el «nuevo tiempo» que consideran que se está viviendo. Los miembros de ‘Etxerat’, a su vez, criticaron la política de dispersión porque «supone una sangría económica» para las familias y el mantenimiento de la doctrina Parot para computar las penas.
Medidas anti prescripción. La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a los ministerios de Justicia e Interior para que estudien en el ámbito de sus competencias la adopción de las medidas «más adecuadas» para evitar la «impunidad» derivada de la prescripción «generalizada» de los asesinatos terroristas.
De este modo, Cava de Llano da traslado de una queja presentada por Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de ETA, en abril de 1981 y cuyo crimen quedó prescrito en 2009.
El pasado mes de noviembre, Garrido pidió el amparo de la Defensora del Pueblo para que los delitos de terrorismo no prescriban y sean juzgados como crímenes contra la humanidad, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La viuda de Latiegui denunciaba que la Audiencia Nacional haya considerado prescrito un delito «que no puede prescribir», porque se trata de un «asesinato de lesa humanidad» realizado en un contexto de «persecución» sistemática por parte de una organización terrorista.
La Defensora del Pueblo reconoce el «problema de justicia evidente» que supone que el asesinato de Latiegui y de «otros muchos» no haya podido ser aclarado en cuanto a las responsabilidades penales.