El chófer de los ERE sorprende a la juez al autoinculparse de hasta 22 delitos
El fiscal logró que fuese encarcelado por «saqueo continuado de fondos públicos».
Agentes de la Guardia Civil conducen al furgón policial a Juan Francisco Trujillo.
Un «cooperador pleno» en la «labor continuada de saqueo de los fondos públicos». Así definió la Fiscalía Anticorrupción el papel jugado en el supuesto fraude de los ERE por Juan Francisco Trujillo, quien durante tres años fue chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal implicado en la trama Francisco Javier Guerrero.
El conductor fue trasladado a prisión en la madrugada del miércoles, tras prestar declaración y, de forma sorpresiva, inculparse en una decena de cargos que añadir a los once que ya le imputaba la juez instructora, 22 en total. El fiscal fue insistente en la petición de encarcelamiento.
La segunda orden de prisión provisional del conocido como caso ERE, que en el año largo de instrucción acumula más de medio centenar de imputados, irrumpe de nuevo en la campaña electoral con los detalles más escabrosos del escándalo. Los 25.000 euros mensuales de fondos públicos —casi un millón de euros en tres años— que ambos imputados dilapidaron en drogas y juergas o los gruesos sobres de dinero que daba a Guerrero una de las aseguradoras que asumían los expedientes de regulación de empleo.
Sin embargo, lo más llamativo de la declaración de Trujillo, a juicio de la instructora Mercedes Alaya, es que «de manera casi inconsciente y sin calibrar el alcance de sus respuestas, ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos».
Inicialmente, fue imputado de once delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, obtención indebida de ayudas públicas y falsedad en documento oficial y mercantil. Pero tras su comparecencia del martes, la juez halló «indicios» de otros cinco delitos de cohecho, cinco más de falsedad en documento mercantil y uno último de alzamiento de bienes.
El conductor abundó en que cuando tuvieron necesidad de liquidez para comprar más droga, acordaron firmar una póliza de prejubilación falsa, para lo que se valieron del DNI de la madre de Trujillo, que falsificó la firma y percibió el dinero: 122.649 euros.
«Ha ido dosificando a lo largo de sus declaraciones el conocimiento que tenía de los hechos y su participación en los mismos», indica la juez en el auto para justificar la colaboración del implicado.