Jueces y fiscales progresistas creen que se criminaliza la discrepancia

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cristian reino | barcelona
León

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España va «de un estado democrático de derecho a un estado penal». Los jueces y fiscales progresistas cargaron ayer duramente contra las reformas legales que plantea el Gobierno para combatir las algaradas callejeras y mostraron su preocupación por lo que ellos calificaron de «criminalización de la disidencia política».

Jueces para la Democracia (JD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afirmaron, tras una reunión en Barcelona, que «el derecho penal no es la repuesta a los problemas sociales». Se referían al reciente anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planea reformar el Código Penal para igualar las penas de la ‘kale borroka’ con las de la guerrilla urbana, aumentando de uno a dos los años de prisión para los alborotadores. Una medida «injustificada, innecesaria y carente de matices», según estas dos organizaciones de juristas.

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