Partidos y sindicatos pierden privilegios y podrán ser perseguidos penalmente

Fin de los privilegios judiciales para las formaciones políticas y los sindicatos. El Gobierno anunció ayer que quiere que los partidos y las centrales dejen de ser personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y, por ende, patrimonial.

Fue el golpe de efecto de Alberto Ruiz-Gallardón durante la sesión de control, en respuesta a una interpelación de la líder de UPyD, Rosa Díez, que se quejaba de la falta de medidas para reprimir la corrupción en los partidos. El ministro de Justicia explicó que ya tiene un borrador para derogar la excepción legal que dentro del Código Penal excluye a partidos y sindicatos del régimen penal de las personas jurídicas. De prosperar la reforma, ambas entidades podrán ser condenadas y castigadas económicamente si se prueba que sus responsables sabían que se estaba cometiendo un delito, como por ejemplo la financiación ilegal. Hasta ahora, solo el tesorero o gerente de estas organizaciones podía ser condenado.

Proteger a los imputados

El titular de Justicia defendió la necesidad de esta modificación porque, en su opinión, solo el Estado y las instituciones de carácter público pueden tener ese «privilegio» de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos «son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles». Gallardón recordó que en el 2011, durante la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el grupo parlamentario popular ya presentó esta enmienda, aunque entonces la propuesta fue rechazada por el PSOE. Gallardón fue más allá y dijo estar dispuesto a estudiar, como le propuso Díez, la fórmula para sacar de las listas electorales a los políticos acusados penalmente. El ministro, para no violar así la presunción de inocencia, apostó por apartarlos solo si pasan de estar imputados a encausados, o sea, a un paso de sentarse en el banquillo.

Así, el Gobierno quitará a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral. La portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, se mostró satisfecha con los cambios prometidos. «Me ha alegrado la tarde», reconoció.

La líder de la formación magenta recordó que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y resaltó la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.

Cien bajo sospecha

Rosa Díez lanzó lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, pues consideró que, «aunque la inmensa mayoría de los políticos son personas altruistas y generosas», lo cierto es que actualmente se calcula que hay más de un centenar de imputados ocupando cargos públicos y «los partidos no toman las medidas necesarias para separar el trigo de la paja y para apartar las manzanas podridas».

La segunda propuesta de UPyD es «derogar» los privilegios de los partidos políticos y, en concreto, sacarles de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.

«Es un privilegio injustificado que no contribuye a combatir la corrupción», aseguró. «Carece de justificación», apostilló. Y el ministro le dio la razón. Habrá pues reforma.