Casi 700 familias han sido desalojadas a la fuerza de sus casas desde el 2008 en León

En los últimos cuatro años y medio casi 700 familias leonesas han sido sacadas a la fuerza de unos hogares a cuyos gastos no podían hacer frente. En total 2.122 han perdido los bienes (en la práctica totalidad de los casos su vivienda) porque no pudieron pagar las deudas que contrajeron con su hogar como garantía. Muchos de ellos han perdido todo, pero siguen debiendo dinero a las entidades financieras. Incluso a aquellas cuya arriesgada o nefasta gestión ha necesitado ser sostenida con multimillonarios fondos públicos. Es decir, con el cada vez más escaso dinero de todos los ciudadanos.

Mientras los partidos políticos reaccionan al drama que en las últimas semanas ha llevado a dos ciudadanos al suicidio, y al clamor de los jueces ante los abusos financieros en los que se ven entrampados los ciudadanos (también, conviene recordarlo, a la advertencia europea de una indefensión de las familias que consideran irregular), miles de ciudadanos siguen padeciendo la agonía de perder hasta el techo que les cobija.

Un problema, también es verdad, que acaba volviéndose contra las arcas públicas: miles de familias sin recursos y sin techo que llaman a las cada vez más depauperadas vías de prestaciones ya no sociales, sino asistenciales. Una paradoja: un derecho (abusivo en no pocos casos, según los jueces y la UE) de las entidades financieras que estas hacen efectivo para salvar unas cuentas en muchos casos sostenidas por los bolsillos de los mismos ciudadanos que tienen que responder también ante las necesidades de quienes pierden todo y necesitan ayuda para salir adelante.

En la provincia el número de ejecuciones hipotecarias, el paso previo a los embargos de las viviendas, asciende a 2.122 desde principios del 2008 hasta el pasado mes de junio, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Sólo en la primera mitad de este año se han ejecutado 270 procedimientos de este tipo. Hasta ahora el peor año ha sido el 2009, con 551 trámites en los juzgados.

En el mismo periodo, los desahucios se han elevado a 689 según la estadística judicial. Son los llamados lanzamientos, los actos en los que «se obliga por la fuerza al desalojo» con el envío de funcionarios.

En realidad los desalojos son más, ya que esta estadística no incluye los desahucios realizados directametne por los juzgados en las localidades en las que no hay servicios comunes de notificaciones y embargos.

En el conjunto del país, en estos cuatro años y medio, los desahucios se han elevado a 145.567, según los datos del Poder Judicial.

Según la Asociación Española Hipotecaria, desde el 2007 se han contabilizado en España casi 400.000 ejecuciones hipotecarias, y advierte de que en lso últimos meses se observan más problemas en los pagos de hipotecas de particulares, que hasta ahora tenían una morosidad «relativamente baja». La «débil situación económica y especialmente la persistencia de los altos niveles de desempleo» son las principales causas de este empeoramiento de la capacidad de pago de los hogares.

Los propios jueces han sido los primeros en levantar la voz contra una situación que se agrava. Incluso hablan de «enriquecimiento injusto, abuso del derecho y prácticas que no difieren mucho de la usura».

Recientemente los 46 jueces decanos han reclamado «humanizar la ley» ante la que califican como una de las lacras sociales del momento. «No queremos ser meros cobradores del frac».

­La ejecución hipotecaria es legal, pero «no es justa», concluyen.