El ex presidente de la Ceoe pretendía sacar de España 50 millones de euros

Gerardo Díaz Ferrán preparaba su gran golpe cuando la policía asaltó su lujoso chalet de Madrid la mañana del pasado lunes. El ex presidente de la Ceoe, caído en desgracia conforme su emporio societario hacía aguas como el Titanic , pretendía sacar del país unos 50 millones de euros a través del entramado societario de Ángel de Cabo, el hombre en la sombra que hacía el trabajo sucio para Díaz Ferrán.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la Operación Crucero, Eloy Velasco, ya ha bloqueado 20 cuentas de sociedades de la trama de Díaz Ferrán y otras 50 de personas jurídicas en España y en el extranjero, según fuentes de la investigación. El magistrado tomará declaración hoy a los nueve detenidos y tendrá que decidir si les envía a prisión. Además, la policía ya se ha incautado en los registros de unos dos millones en metálico.

A la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) le llamó poderosamente la atención en los últimos días unos extraños movimientos de cuentas de De Cabo y de su entorno. Sabida la capacidad de escapatoria del empresario valenciano y sus vínculos con Díaz Ferrán, la Udef y el fiscal del caso, Daniel Campos, alertaron al juez Velasco de que era el momento de intervenir.

Así arrancó la Operación Crucero. Pero hasta llegar a la detención del ex presidente de Marsans y de otras ocho personas, entre De Cabo, sus testaferros y los administradores de sus empresas, los investigadores tuvieron que desenmarañar la sofisticada telaraña societaria del hombre que compró el grupo turístico a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, por la friolera de 600 millones.

Ahí comienza el principio del fin del ex presidente de los empresarios españoles. Cuando éste y Pascual apalabran con De Cabo la venta de Marsans a cambio de que éste les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacía paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con deudas superiores a los 1.000 millones.

Suiza, Irlanda, Liechtenstein o Panamá eran algunos de los paraderos donde se destinaban el dinero de Díaz Ferrán y Pascual. No es de extrañar que el juez haya enviado comisiones rogatorias a estos países para hacerse una idea de las cuentas y los fondos que pudieron desviar allí en los dos últimos años.

Sin embargo, la gran evasión ya estaba en camino hasta que la Udef intervino.

Los investigadores sitúan los 50 millones que pretendía evadir Díaz Ferrán en algunas de sus empresas quebradas, como la aerolínea Air Comet, la compañía de transporte terrestre Trapasa (germen de Marsans) y entidades patrimoniales como Holdisan y Grudisan, ambas propiedad de Díaz Ferrán.