El Gobierno prevé que los ayuntamientos decidan este año qué concejales no cobrarán

El Gobierno prevé que los ayuntamientos decidan este mismo año cuáles de sus concejales son los afectados por la reforma de la administración local, es decir, quiénes dejarán de cobrar por su labor. La norma será de aplicación inmediata, según han aclarado fuentes del Ministerio de Hacienda, una vez que sea aprobada por las Cortes Generales. Es decir, no afectará sólo a los consistorios que se creen a partir de las elecciones del 2015 sino a los ya constituidos.

En muchos casos, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, la ley no producirá grandes cambios. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que el 80% de concejales no cobra ya, especialmente en los pueblos. La idea es que dejen de hacerlo el 82% del total. Aunque el Gobierno no da por buena la cifra de partida, la diferencia está en cómo se distribuirá ese porcentaje. «Ahora no habrá ningún municipio en el que todos tengan sueldo», explican en el Ministerio. Así, de los 33 ediles con los que cuenta un municipio de entre 700.000 a un millón de habitantes, por ejemplo, sólo 25 podrán ser retribuidos; en los que cuentan con entre medio millón y 700.000 habitantes, tendrán sueldo 22 concejales de los 31 que les atribuye la ley electoral, y así sucesivamente. En lo que no entra es en las cuantías de las dietas por asistencia a plenos, que sí percibirán aquellos que no tengan dedicación exclusiva.

Polémica

No es este asunto, en todo caso, el que más polémica puede suscitar, una vez el Ejecutivo ha renunciado a su idea de reducir el tamaño de las corporaciones en un 30%. La reforma, que aún no pasa de ser un informe de anteproyecto, alterará el mapa de competencias, abrirá las puertas a la externalización o privatización de la gestión de servicios. E incluso a su desaparición. La «prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social» pasará a manos de las comunidades autónomas, que tendrán que hacerse cargo de ellas en un año. De la «participación en la gestión de la atencion primaria de la salud», de la educación infantil de primer ciclo, la programación de la enseñanza, la creación, construcción y sostenimiento de centros públicos de infantil, especial y primaria también se ocuparán las autonomías y tendrán cinco años para hacerlo. Pero, y aquí viene el foco de conflicto, deberán hacerlo sin financiación extra.