El Gobierno prepara el terreno para una próxima excarcelación masiva de etarras

El Gobierno ha comenzado a preparar a la opinión pública para la «alarma social» que se puede desatar en unas semanas si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decide confirmar la ilegalidad de la llamada doctrina Parot, lo que provocaría la excarcelación casi inmediata de medio centenar de etarras condenados a cientos y miles de años, y de varias decenas de otros peligrosos delincuentes, entre ellos violadores múltiples, como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcásser, y grandes narcotraficantes.

El ministro del Interior confesó ayer en el Congreso que el Ejecutivo ha desplegado todas sus capacidades de influencia política, diplomática y jurídica en la UE para evitar que el 20 de marzo la Gran Sala del TEDH declare firme la sentencia de uno de sus tribunales que, en julio de 2012, concluyó que la doctrina Parot viola los derechos fundamentales de los reclusos al alargar de forma injusta el cumplimiento efectivo de sus condenas, por lo que exigió a España su derogación.

Jorge Fernández Díaz, pese a que dijo que lucharán con convicción hasta el final, dejó entrever que su departamento es consciente de que las posibilidades de éxito son escasas y, de hecho, ya adelantó que «acataremos y cumpliremos la sentencia de Estrasburgo sea la que sea», cosa que el Gobierno no hizo el verano pasado cuando el TEDH dio la razón a la etarra Inés del Río y exigió su inmediata excarcelación, decisión que el Ejecutivo dilató con la interposición del recurso de revisión de sentencia.

El ministro, como hizo la semana pasada ante sus homólogos de la UE, defendió que España, como país democrático y con tribunales independientes, debe ser soberana para diseñar sus sistemas de cumplimiento de penas.

También aprovechó para lanzar una advertencia a los grupos de la oposición, especialmente a los nacionalistas y a IU, que apoyan desde siempre la derogación de la doctrina Parot.