El Gobierno frena la reforma local por todas las alegaciones de las autonomías
El Ejecutivo retrasa el envío del anteproyecto de ley al Congreso para superar el rechazo.
Al Gobierno se le atraganta la reforma de la administración local. La falta de consenso con el resto de grupos políticos y, sobre todo, la fuerte oposición surgida en las propias filas del PP han obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a frenar el anteproyecto de ley, que fue visado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.
El objetivo inicial es que el texto fuera remitido al Congreso después de Semana Santa, pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera lo ha enviado al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe. Con estos plazos, la ley no entraría en vigor antes del 1 de enero del 2014, es decir, un año antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y si las encuestas ya pintan un panorama sombrío para el PP a causa de la crisis económica, una rebelión de alcaldes y concejales podría ser letal para las aspiraciones electorales del PP.
Pero otras fuentes señalan la posibilidad de que este calendario no llegue a cumplirse. «Hemos levantado el pie del acelerador con lo de la reforma local, la prioridad ahora es la Ley de Transparencia», explica un diputado popular.
Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado, en las comparecencias posteriores a los últimos Consejos de Ministros, que la norma, con la que el Gobierno pretendía ahorrar unos 7.000 millones de euros al año, entraña una importante complejidad jurídica para justificar las posibles demoras en su tramitación. Sin embargo, el principal escollo radica en el fuerte rechazo en las propias filas populares hacia un proyecto que dejará sin retribución alguna al 82% de los 68.285 concejales existentes en España.
Existen además otras dos controversias, la supresión de las principales competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pasarán a manos de las diputaciones provinciales y la negativa de las comunidades a lidiar con las denominadas competencias impropias que ahora asumen los ayuntamientos sin una notable mejora de la financiación autonómica. El descontento es generalizado y quedó patente con el hecho de que la práctica totalidad de comunidades autónomas, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han presentado alegaciones durante los 15 días de plazo que dio el Gobierno.
La dirección popular lleva semanas intentado convencer a sus dirigentes locales y regionales de la necesidad de dar este paso.