El partido de Mas urdió un pacto para cobrar 6,6 millones ilegales
ERC amenaza con romper con CiU si no hay consulta en el . 2014.
Mas en la inauguración de Desigual en Barcelona.
La Fiscalía Anticorrupción puso ayer contra las cuerdas a Convergència Democrática de Catalunya, la principal fuerza política que integra CiU. El Ministerio Público concluyó en su escrito final sobre el caso Palau que la formación liderada por Artur Mas cobró de la empresa Ferrovial un total de 6,6 millones de euros en «comisiones ilícitas» a través del Palau de la Música. El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, habla incluso de un «pacto criminal» suscrito durante diez años, entre 1999 y 2009, entre el partido y la constructora de tal manera que Convergencia se aseguraba unos ingresos millonarios y la compañía se garantizaba adjudicaciones de obra pública de la Generalitat. Según el fiscal, el «disimulo» requerido para los «pagos ilícitos» en esta trama se obtuvo a través de la utilización de la estructura jurídica y financiera del Palau.
A CDC se le acumulan los problemas en los tribunales ya que además del caso Palau tiene a tres parlamentarios autonómicos imputados: Oriol Pujol por la trama de las ITV que tuvo que apartarse de su cargo de secretario general del partido, Xavier Crespo implicado en el caso Clotilde por su supuesta vinculación con la mafia rusa y Ferran Falcó imputado por el proceso Adigsa.
Tiene además problemas políticos. Aunque Mas afirma cada vez que se lo preguntan que las relaciones entre CiU y ERC son buenas, un nuevo cruce dialéctico entre el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, y el portavoz de Esquerra en el congreso, Alfred Bosch, volvió a poner ayer en evidencia que la tensión entre las dos fuerzas hegemónicas del nacionalismo catalán va cada vez a más por culpa de la consulta soberanista. Duran dio casi por hecho que el referéndum no podrá celebrarse en el 2014, como así acordaron ambas formaciones en el inicio de la legislatura. Es más, se pospondrá para final de mandato, en 2016, como es su deseo desde el primer día.
La respuesta desde Esquerra fue contundente. «Si la consulta no se hace en 2014, quiere decir que el pacto se ha roto», anunció el republicano Alfred Bosch.