Urdangarín y Torres vaciaron Nóos con 425 facturas por ocho millones

Iñaki Urdangarín y Diego Torres giraron facturas falsas para trasvasar los fondos públicos cobrados por el Instituto Nóos a los Gobiernos balear y valenciano a sus empresas pantalla. El informe elaborado por Hacienda para el juez José Castro detalla que «por unos pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole» presentaron «un número inusitado de facturas (425) por importes no menos llamativos (más de ocho millones de euros)». De esta forma, agrega la investigación, «drenaron los recursos generados hacia el respectivo patrimonio de ambos socios».

La Agencia Tributaria no lo dice con estas palabras, pero Urdangarín y Torres montaron un chiringuito sin apenas infraestructura personal ni material para sablear a las administraciones públicas. El sistema era de una sencillez pasmosa, y si no llega a ser por un desliz del ex presidente Jaume Matas, que en una declaración ante el juez hace tres años reconoció haber adjudicado a Nóos la organización de los Illes Balears Forum, podía haberse quedado sin descubrir. Nóos contrataba con las administraciones públicas, Aizoon y otras empresas pantalla facturaban al Instituto por trabajos ficticios y el dinero iba a los bolsillos de los dos socios. Negocio redondo.

Unas operaciones en las que el yerno del rey desempeñaba «la vertiente institucional y comercial» y el profesor de Esade se encargaba de «la autoría intelectual» de los proyectos que ofertaban. Un reparto de papeles parecido al que describió el duque de Palma en su primera comparecencia ante el juzgado en febrero del año pasado. Esta división de tareas está recogida en el informe de 147 páginas entregado al juez Castro sobre el funcionamiento del entramado empresarial de los dos socios.

El estudio determina que Urdangarín y Torres lo eran todo en Nóos, y que sus esposas tenían un papel casi de figurantes. La infanta Cristina ni es citada, a diferencia de Ana María Tejeiro, imputada en la causa, pero que según la Agencia Tributaria, se limitó a una labor de «administración interna» a las órdenes de su marido y del duque, pero sin responsabilidades de ningún tipo. En ninguna de las dos se aprecia indicio de delito fiscal, según la Agencia Tributaria. Una conclusión que casi elimina las posibilidades de imputar a la hija del rey y abre la puerta a la desimputación de la compañera de Torres.

Todo se hacía, prosigue el informe, «bajo el dominio efectivo y absoluto de Torres y Urdangarín». Los demás socios, es decir la infanta, la esposa y los cuñados de Torres, «no contaban de ninguna forma».