La Fiscalía recurre el auto contra Griñán y Chaves al verlos «indefensos»

La Fiscalía Anticorrupción decidió ayer finalmente recurrir el auto dictado por la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, en el que señalaba pero no llegaba a inclupar a los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a otros cinco ex consejeros de la Junta, por su papel en la trama.

Asu jucio, la resolución coloca a los exaltos cargos autonómicos en situación de indefensión. La Junta, por su parte, no ha aclarado aún si también se plantea recurrir antes de que el lunes finalice el plazo. Lejos de instar a la juez a elevar la causa al Supremo, el tribunal competente para juzgar a diputados y senadores nacionales, la Fiscalía advierte a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de la necesidad de fundamentar mejor su resolución para evitar que se vulnere el derecho de defensa de todos los citados en su escrito. Es más, considera que, tal y como está redactado, el auto hecho público el martes, justo cuando el nuevo gobierno de la Junta presidido por Susana Díaz tomaba posesión, «genera la misma indefensión que pretende evitar».

Causas

En este sentido, los fiscales se refieren al artículo de la ley de enjuiciamiento que esgrime la juez para poder informar a los aforados de la investigación sin imputarlos —dado que no es su competencia— y le recuerdan que la ley lo que pretende es que «conozcan qué se les imputa, de qué se les acusa y por ello, una vez conocido, ejercer, incluso en el juzgado de instrucción de origen y sin perder su fuero, los derechos comunes de cualquier imputado, pudiendo voluntariamente comparecer para declarar».

Así, la Fiscalía considera que el auto no permite conocer cuáles son los hechos investigados cuya responsabilidad se les puede atribuir a los siete aforados, y añade que los delitos a los que hace referencia —la juez habla de «cierta carga incriminatoria cerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación» de fondos públicos— no tienen «la robustez o solidez» necesaria. «No contienen per se un relato suficiente de hechos o indicios criminalmente relevantes que afecten de manera precisa a cada uno de los aforados», argumenta.

Los fiscales también afean a la magistrada que para invitar a cualquier implicado aforado a declarar por voluntad propia «no basta con el mero traslado formal o rituario», sino que debe conocer la concreta calificación jurídica o la tipificación, aunque sea indiciaria, de tales hechos para que pueda ejercer su defensa.