Aguirre critica al Gobierno por no destituir al juez español en Estrasburgo
Las víctimas del terrorismo no tienen asiento en el comité ejecutivo nacional del PP, pero la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre hizo llegar su voz a ese órgano de dirección del partido gubernamental. La todavia líder de los populares en a Comunidad de Madrid preguntó por qué el Gobierno de Mariano Rajoiy, que estaba presente, no había destituido a Luis López Guerra, el magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, antes de que dictara sentencia contra la doctrina Parot.
Un argumento al que apelan las organizaciones de víctimas para sostener que el Ejecutivo de Rajoy no actuó con diligencia para evitar una sentencia como la que se produjo, y que ha propiciado la excarcelación de 41 terroristas en un mes, 36 de ellos de ETA, y una decena de grandes delincuentes. El Gobierno también considera que la actuación de López Guerra, propuesto para el cargo por José Luis Rodríguez Zapatero, influyó en la decisión de sus 16 compañeros de tribunal que, por otra parte, tomaron la decisión por unanimidad.
Rajoy no respondió a la presidenta del PP de Madrid, pero Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia y tradicional rival de Aguirre, salió al quite para contestar que no era posible la destitución porque el mandato de Lopez Guerra es de nueve años y comenzó en 2008. Fuentes de Justicia comentaron después que un magistrado de esa corte debe dejar su cargo al cumplir los 70 años o si dos tercios del tribunal decide su relevo. Ninguna de las dos circunstancias se dieron en este caso.
Disgusto
El Gobierno no puede destituir al magistrado que designó y cuyo nombramiento fue aceptado por el Consejo de Europa. Un intento de abortar el nombramiento de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura en 2008 fue rechazado por el Supremo porque nada impide que un cargo gubernamental, López Guerra fue secretario de Justicia, acceda a la carrera judicial.
Rajoy no entró en el debate y se limitó a mostrar una vez más su «disgusto» por la sentencia, aunque recordó que los jueces que aplican la doctrina de Estrasburgo son los mismos que antes juzgaron y condenaron a los miembros de ETA. Defendió asimismo la división de poderes que impide al Ejecutivo entrometerse en las decisiones de la Justicia y sostuvo que los fallos de los tribunales obligan «absolutamente a todos».