Si ETA no se disuelve la política antiterrorista no se cambiará
Mariano Rajoy no tiene intención de introducir la menor variación en su política antiterrorista hasta que ETA se haya disuelto por completo, hasta que ya no exista. El presidente del Gobierno tardó ocho horas en hablar sobre la organización criminal en el Debate del estado de la Nación, y lo hizo obligado. Solo porque el portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso ayer el tema sobre la mesa en la segunda jornada del debate. Sin embargo, la clave de su determinación de no hacer la más mínima concesión en este asunto, la desveló durante la posterior respuesta a Mikel Errekondo, el portavoz de Amaiur. «Exija la disolución de ETA —reclamó al diputado de la izquierda aberzale—. Eso es lo que esperan los españoles y eso es lo que pondría fin al inmovilismo (del Gobierno) que usted denuncia», precisó.
Los dos años de Rajoy al frente del Ejecutivo han hecho evidente que la decisión unilateral de la banda de renunciar para siempre a los asesinatos y la extorsión, anunciada en octubre de 2011 no va a servir para flexibilizar la política penitenciaria que se aplica a los etarras, acabar con su dispersión por las cárceles de la península o parar las detenciones de terroristas o de miembros de su entorno. Pero, por si había dudas, el presidente aclaró que la política de cero gestos y de persecución policial y judicial de los terroristas no va a variar ni con la reciente aceptación de los presos etarras de la legalidad penitenciaria ni por hipotéticos procesos de desarme parcial o total, como el que los denominados verificadores internacionales anunciaron el viernes pasado.
Es la confirmación de la teoría ya avanzada por el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz indicó que para que el Estado se plantee siquiera ser generoso con los etarras la banda tiene antes que desaparecer por completo. Si ya no hay ETA, si no hay organización terrorista de la que acatar órdenes o en la que reintegrarse, ilustró, perdería su sentido la dispersión o la excepcional dureza a la hora de progresar hacia ciertos beneficios penitenciarios.
Ni siquiera las presiones, cada vez más evidentes y públicas, del PNV y del lendakari Íñigo Urkullu para que tome alguna medida que acelere la desaparición de ETA van a dulcificar la posición del presidente del Gobierno. Rajoy a lo más que llegó ayer fue a reconocer que la declaración del fin de los atentados y los anuncios posteriores son un avance. Pero que a cambio de ello no dará nada. Él, añadió, a lo único que se plegará es «a lo que digan la ley y los tribunales». Es decir, si un etarra sale de la cárcel, como ocurrió tras la derogación de la doctrina Parot o con permisos por enfermedad o reinserción, será porque lo diga un juez no porque lo conceda el Ejecutivo
Tensas relaciones
El PNV está de acuerdo en que el final de ETA tiene que llegar cuanto antes y sin cesión política, pero también tiene claro que para que desaparezca rápido es preciso que el Gobierno colabore con gestos, como el final de la dispersión o la excarcelación de presos enfermos, y que facilite a la organización la entrega de sus arsenales. Justo lo que pedirá este jueves en una propuesta de resolución del debate que será rechazada y lo contrario de lo que cree que está haciendo el Estado con redadas de abogados de reclusos, prohibición de manifestaciones o interrogatorios judiciales a los verificadores, cuya labor está avalada por el Gobierno vasco.